Gabriela Delgadillo, quien se desempeñó como exgerente de Productos Industrializados y Derivados en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue aprehendida recientemente en la ciudad de Santa Cruz, en un caso que ha generado atención por las circunstancias que rodean su detención y las acusaciones que enfrenta. Tras su captura, Delgadillo decidió guardar silencio durante su declaración, una postura que fue tomada en presencia de su defensa técnica y que llevó al Ministerio Público a emitir formalmente la orden de aprehensión en su contra. Esta acción legal implica que el organismo judicial procederá a presentar la imputación formal y solicitará una medida excepcional de detención preventiva mientras avanza la investigación.
La aprehensión se llevó a cabo por parte de agentes del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), quienes interceptaron a Delgadillo en la avenida San Martín, específicamente a la altura del cuarto anillo, un punto relevante dentro de la capital cruceña. Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones del DELCC para continuar con los procedimientos legales correspondientes. Según explicó el fiscal Daniel Ortuño, el caso se origina a partir de una denuncia presentada por YPFB misma, lo cual indica que las irregularidades detectadas surgieron dentro del propio ámbito institucional de la empresa estatal.
En cuanto a las imputaciones concretas, el fiscal detalló que Gabriela Delgadillo desempeñó varios cargos dentro de YPFB, incluyendo el puesto de gerente de comercialización de combustibles. Durante ese tiempo, y según los elementos recolectados en la investigación preliminar, habría incurrido en una presunta usurpación de funciones al firmar documentos o actos oficiales como si fuera vicepresidenta de YPFB, cargo para el cual no tenía designación ni autorización formal. Este hecho representa un delito vinculado con la administración pública y la gestión empresarial estatal, dado que implica ejercer atribuciones para las cuales no se cuenta con legitimidad legal ni institucional.
Es importante destacar que Delgadillo no es la única persona implicada en esta investigación. Aunque el fiscal Ortuño no brindó mayores detalles sobre otros involucrados, confirmó que existe al menos otra persona investigada relacionada también con YPFB. Esto sugiere que podría tratarse de un caso con múltiples actores dentro de la organización estatal, lo cual podría tener implicaciones más amplias para el manejo interno y los controles administrativos en dicha entidad.
Desde el ámbito jurídico defensor, Ariel Góngora, abogado representante de Gabriela Delgadillo, cuestionó los procedimientos seguidos para llevar a cabo la aprehensión. Según manifestó, no se cumplió con emitir una citación previa para que su defendida pueda prestar una declaración informativa antes de ser detenida. Además, señaló preocupaciones respecto al estado de salud de Delgadillo, quien recientemente fue sometida a una operación cardíaca y se encuentra delicada físicamente. Este aspecto podría influir en las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso judicial y plantea consideraciones sobre el respeto a los derechos humanos durante las diligencias policiales y judiciales.
Este caso pone nuevamente bajo escrutinio público a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus mecanismos internos para supervisar y controlar las funciones ejercidas por sus altos ejecutivos. La presunta usurpación de funciones no solo afecta la imagen institucional sino también puede derivar en consecuencias legales significativas para quienes sean encontrados responsables. Para la población boliviana resulta relevante seguir este proceso debido a que YPFB es una empresa estratégica para el país y cualquier irregularidad administrativa puede repercutir en la gestión eficiente y transparente del sector hidrocarburífero nacional.
A medida que avance esta investigación judicial y se presenten nuevos elementos probatorios o declaraciones formales ante las autoridades competentes, será posible conocer con mayor claridad el alcance real del hecho denunciado y sus posibles repercusiones tanto dentro del ámbito corporativo como en el marco legal boliviano. Por ahora, Gabriela Delgadillo permanece detenida bajo medidas preventivas mientras continúa desarrollándose este proceso penal basado en presuntas irregularidades detectadas durante su desempeño profesional dentro de YPFB
