En menos de una semana, las autoridades policiales han llevado a cabo una nueva intervención en la ciudad de El Alto, donde una vivienda particular fue descubierta funcionando como un centro clandestino de acopio de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Este hallazgo se suma a una serie de operativos recientes que buscan combatir el almacenamiento y distribución ilegal de este combustible, una problemática que afecta la seguridad y el abastecimiento en la región.
Según informó la Policía, en el inmueble intervenido, ubicado en la zona Santiago I, se encontraron un total de 128 garrafas de GLP. De estas, 31 contenían gas, mientras que las restantes aparentemente estaban vacías o sin contenido. La cantidad significativa de cilindros almacenados en esta vivienda sugiere una operación organizada destinada a acumular y posiblemente comercializar el combustible fuera de los canales oficiales.
Durante el operativo, las fuerzas del orden procedieron a la aprehensión de una mujer que habría sido identificada como la presunta propietaria o responsable del acopio ilegal. Las garrafas fueron confiscadas para evitar su circulación y para continuar con las investigaciones correspondientes. Este tipo de acciones forman parte del esfuerzo policial para desarticular redes que podrían estar involucradas en prácticas ilícitas relacionadas con el GLP.
Cabe destacar que este caso no es aislado. Apenas unos días antes, el 5 de febrero, otro operativo similar tuvo lugar también en El Alto. En esa ocasión, se descubrió un camión distribuidor descargando una gran cantidad de garrafas en una tienda que funcionaba aparentemente como punto intermedio para la acumulación y distribución no autorizada del gas. La intervención derivó en confrontaciones violentas por parte de los presuntos responsables; durante estos incidentes fueron apedreados vehículos policiales y algunos funcionarios resultaron lesionados.
Las autoridades presumen que los cilindros acumulados en estos centros clandestinos tenían como destino la comercialización fuera del país mediante rutas ilegales, lo que representa un contrabando grave. Esta situación no solo afecta la economía nacional al evadir controles fiscales y regulatorios, sino que también pone en riesgo la seguridad pública debido al manejo inadecuado del gas licuado.
La proliferación de estos centros de acopio ilícitos evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre la distribución del GLP. Además, resalta las dificultades que enfrentan las fuerzas del orden para desmantelar redes ilegales dedicadas al contrabando y comercio no regulado, especialmente cuando existen respuestas violentas por parte de los involucrados.
Para los habitantes de El Alto y zonas circundantes, estas intervenciones tienen un impacto directo en el abastecimiento seguro y regular del gas licuado, un insumo fundamental para uso doméstico e industrial. La existencia de mercados paralelos puede generar escasez artificial y aumentar los precios para los consumidores finales.
En conclusión, la reciente intervención policial en Santiago I reafirma el compromiso institucional por enfrentar el almacenamiento ilegal y contrabando del GLP. Sin embargo, también pone en evidencia un problema estructural que requiere acciones coordinadas entre autoridades locales, nacionales y comunitarias para garantizar un suministro seguro, accesible y legal del gas licuado a toda la población
