Durante los últimos años, el ingreso y la permanencia de funcionarios públicos en distintas dependencias estatales ha generado una situación compleja en cuanto a la renovación del personal y la incorporación de nuevos profesionales. Esta problemática ha sido señalada con preocupación por autoridades locales, quienes advierten que el sistema administrativo estatal se ha convertido en una estructura cerrada y rígida, donde la movilidad laboral está severamente limitada. En particular, se ha denunciado que funcionarios que accedieron a cargos durante el mandato del Movimiento al Socialismo (MAS) han quedado prácticamente “blindados” dentro de sus puestos, dificultando la posibilidad de relevo y afectando la dinámica institucional.
Uno de los principales responsables en evidenciar esta situación ha sido el delegado presidencial en Tarija, Jorge Vaca, quien destacó que esta inamovilidad no solo se debe a la estabilidad laboral tradicional, sino también a la implementación de normativas internas que establecen requisitos específicos para acceder a ciertos cargos. Estas disposiciones fueron incorporadas en gran parte durante los últimos meses del gobierno anterior, mediante manuales de funciones que exigen experiencia particular y general que resulta prácticamente inaccesible para profesionales externos al aparato estatal.
Este tipo de regulaciones impone barreras significativas para quienes buscan ingresar al sector público desde ámbitos privados o quienes son jóvenes profesionales recién egresados. Por ejemplo, Vaca mencionó que para contratar un ingeniero civil en algunas instituciones se exige como condición haber desempeñado previamente funciones como fiscal de obra, lo que limita considerablemente la cantidad de postulantes elegibles. Otro requisito común es contar con varios años de experiencia dentro del ámbito gubernamental —en algunos casos hasta seis años— lo cual beneficia exclusivamente a quienes ya forman parte del sistema estatal desde administraciones anteriores.
Esta situación genera un círculo cerrado donde los puestos vacantes o nuevos ítems laborales terminan siendo ocupados por personal ya vinculado a las instituciones. Un caso paradigmático señalado por el delegado presidencial es el de la Caja Nacional de Salud (CNS), donde recientemente se habilitaron cinco nuevas plazas laborales. Sin embargo, el reglamento interno establece como requisito indispensable para postular haber trabajado al menos seis meses dentro de esa misma entidad. Esta condición provoca que las contrataciones se realicen casi exclusivamente entre trabajadores actuales o antiguos empleados, perpetuando así una estructura interna poco permeable a renovaciones externas.
La consecuencia directa de estas normativas es un estancamiento en la renovación del personal público y una limitación clara en la apertura hacia nuevos talentos y capacidades profesionales. Esta falta de movilidad no solo afecta a los aspirantes externos sino también puede incidir negativamente en la eficiencia institucional, dado que los procesos administrativos quedan sujetos a estructuras rígidas y poco flexibles. Además, esta dinámica puede generar descontento entre sectores profesionales jóvenes o independientes que encuentran cerradas las puertas para acceder a cargos públicos.
En términos más amplios, esta situación pone en evidencia cómo las decisiones administrativas tomadas hacia el final del mandato anterior han dejado un legado complicado para las actuales autoridades encargadas del manejo estatal. La consolidación de manuales funcionales con requisitos restrictivos dificulta cualquier intento de reforma o renovación profunda dentro del aparato público, generando tensiones entre la necesidad política de cambio y las barreras burocráticas existentes.
Para la población involucrada y los sectores sociales interesados en una gestión pública eficiente y transparente, estos hechos representan un desafío importante. La permanencia prolongada e inamovible de ciertos funcionarios puede afectar no solo la calidad del servicio sino también socavar la confianza ciudadana en las instituciones estatales. De cara al futuro, será fundamental encontrar mecanismos que permitan equilibrar la estabilidad laboral con procesos abiertos y justos para incorporar nuevos perfiles profesionales capaces de responder a las demandas actuales del Estado y sus ciudadanos
