Tras permanecer detenido durante 18 días en la cárcel de Palmasola, el juez Hebert Zeballos Domínguez enfrenta una audiencia judicial clave que podría modificar su situación procesal. La audiencia, programada para un martes, se realizará de manera virtual en la Sala Penal Segunda bajo la presidencia del vocal Freddy Larrea y tiene como objetivo resolver el pedido de libertad presentado por la defensa del juzgador, quien actualmente se encuentra recluido con detención preventiva.
Zeballos está implicado en un caso de alta gravedad que involucra presuntos delitos de narcotráfico relacionados con 32 maletas cargadas con divisas provenientes de Estados Unidos. Estas maletas fueron trasladadas a la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), entidad vinculada directamente al juez como principal accionista. La investigación apunta a una red compleja que involucra no solo al juzgador sino también a otros funcionarios judiciales y políticos, entre ellos la exdiputada Laura Rojas.
La Fiscalía Especializada en Antinarcóticos imputó al juez por tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Como resultado, fue enviado a prisión preventiva por un periodo de 120 días en Palmasola. El caso tomó fuerza cuando, durante un allanamiento realizado el 20 de enero en las instalaciones de Ebose ubicadas en la zona Villa Primero de Mayo, agentes encontraron cerca de 80 kilos de marihuana. Durante el operativo también se incautaron documentos personales que vinculan a Zeballos como propietario mayoritario de la empresa y documentos relacionados con la exdiputada Rojas.
Este caso no solo tiene impacto nacional sino que también se originó a partir de una alerta internacional emitida por Estados Unidos. Según las investigaciones, Rojas habría contratado un avión privado para transportar las 32 maletas con divisas junto a un ciudadano uruguayo llamado Gabriel Yuliano Leoni, cuyo paradero actualmente es desconocido. Posteriormente al hallazgo en Ebose y tras el operativo realizado por el Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) para verificar posibles armas en el lugar, se procedió a la detención del juez Zeballos, Laura Rojas y tres funcionarios judiciales más, quienes permanecen detenidos bajo cargos relacionados con narcotráfico.
En cuanto a las condiciones carcelarias, Zeballos cumple su detención en la celda 12 del pabellón PC-6 dentro del recinto penitenciario Palmasola. Este pabellón alberga alrededor de 60 personas y está destinado principalmente para funcionarios públicos involucrados en procesos penales, incluyendo policías y jueces. La reclusión separa a estos internos del pabellón PC-4 pero mantiene cierta cercanía física dentro del complejo penitenciario.
Las investigaciones realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía han revelado que Zeballos posee un considerable patrimonio compuesto por siete inmuebles, vehículos de alta gama y varias empresas. Fotografías incautadas muestran al juez desplazándose en una motocicleta BMW acompañado por altos funcionarios judiciales, lo cual ha despertado sospechas sobre posibles vínculos dentro del sistema judicial.
Paralelamente, las pesquisas se han extendido hacia funcionarios aduaneros quienes han sido citados para rendir declaraciones como parte de las investigaciones por incumplimiento de deberes. También fue convocado el jefe del aeropuerto internacional Viru Viru debido a que las autoridades aún desconocen el destino final de las maletas provenientes desde Estados Unidos. Un informe preliminar indica que esas maletas fueron retiradas desde depósitos aduaneros por Laura Rojas utilizando su pasaporte diplomático y posteriormente trasladadas escoltadas hasta Ebose mediante un microbús protegido por motociclistas.
Frente a esta compleja red investigativa que involucra tráfico ilícito de sustancias controladas, posibles irregularidades administrativas y vínculos políticos-judiciales, el desarrollo próximo del proceso judicial contra Hebert Zeballos Domínguez representa un momento crucial tanto para esclarecer los hechos como para determinar responsabilidades legales. La audiencia fijada para resolver su situación jurídica podría marcar un precedente importante respecto al manejo interno del sistema judicial frente a acusaciones tan graves como las ligadas al narcotráfico y corrupción.
Este caso no solo refleja la profundidad y alcance que puede tener una investigación coordinada entre autoridades nacionales e internacionales sino también pone en evidencia los desafíos institucionales para garantizar transparencia y justicia en sectores críticos como la judicatura y la administración pública boliviana. Para la ciudadanía resulta fundamental conocer cómo avanzan estas indagaciones dado que impactan directamente sobre la confianza pública hacia los órganos encargados de impartir justicia y controlar actividades ilícitas dentro del territorio nacional
