En respuesta a las crecientes inquietudes planteadas por el sector de mototaxistas en relación con la calidad del combustible, el Gobierno, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes de diversos sectores cruceños acordaron establecer una comisión conjunta. Esta decisión se tomó tras una reunión llevada a cabo en las instalaciones de YPFB en Santa Cruz, con el objetivo principal de verificar y garantizar la calidad de la gasolina que se distribuye en la región.
La convocatoria a este encuentro surgió como una medida para abordar las denuncias formuladas por los mototaxistas, quienes han reportado presuntos daños en los motores de sus vehículos atribuidos al uso de un combustible cuya calidad estaría comprometida. Estas preocupaciones no solo afectan a este sector específico, sino que también generan incertidumbre entre los consumidores y usuarios de vehículos que dependen del suministro adecuado y seguro de gasolina para sus actividades diarias.
Durante la reunión, se destacó la importancia de transparentar toda la cadena de suministro del combustible, desde su producción hasta su distribución final. La conformación de esta comisión tiene como propósito realizar inspecciones detalladas en las instalaciones y procesos internos de YPFB relacionados con la calidad del combustible. Esto implica evaluar rigurosamente cada etapa para identificar posibles irregularidades o deficiencias que puedan estar afectando el producto final.
El informe oficial difundido por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, subraya que esta comisión conjunta será responsable de llevar a cabo una supervisión exhaustiva. Este procedimiento busca no solo disipar las dudas existentes sino también fortalecer la confianza entre los consumidores y las entidades encargadas del abastecimiento energético. La iniciativa refleja un compromiso conjunto para garantizar que los estándares técnicos y normativos se cumplan estrictamente, protegiendo así tanto a los usuarios como a los sectores productivos vinculados al transporte.
Además, este acuerdo adquiere relevancia en un contexto donde el transporte informal y semiformal, representado por los mototaxistas, constituye un componente esencial para la movilidad urbana y periurbana. Los daños reportados en motores pueden traducirse no solo en pérdidas económicas directas para estos trabajadores sino también en afectaciones al servicio público que prestan a miles de personas diariamente. Por ello, asegurar la calidad del combustible se vuelve una prioridad estratégica para mantener la estabilidad operativa y económica del sector.
Esta respuesta coordinada entre Gobierno, empresa estatal y sociedad civil organizada pone en evidencia una voluntad clara por atender las demandas ciudadanas mediante mecanismos institucionales adecuados. La creación de esta comisión conjunta representa un paso significativo hacia la transparencia y el control efectivo en un área fundamental como es el suministro energético. En consecuencia, se espera que las acciones derivadas de esta inspección contribuyan a resolver definitivamente las controversias sobre la gasolina y promuevan un ambiente más confiable para todos los usuarios involucrados
