La Fiscalía Departamental de La Paz ha dado un paso decisivo en la investigación sobre el desfalco al Fondo Indígena, al emitir una citación formal para que Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, se presente a declarar en calidad de sindicada. Esta medida procesal está programada para el próximo 11 de febrero, en las oficinas de la Fiscalía Departamental en La Paz, específicamente en la división encargada de Anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas. La exministra deberá acudir junto a su abogado defensor para esclarecer su presunta participación en las irregularidades detectadas en el manejo y aprobación de proyectos financiados con recursos del Fondo Indígena.
El contexto del caso gira en torno a una investigación penal iniciada por el Ministerio Público, a partir de denuncias relacionadas con el uso indebido y malversación de fondos asignados a proyectos destinados a comunidades indígenas. En particular, la causa se centra en un proyecto específico vinculado al cultivo de tomates bajo carpas solares, implementado para beneficiar a ocho comunidades ubicadas en la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. Este proyecto estaba bajo la responsabilidad directa de Lida Patty, exdiputada y dirigente reconocida del movimiento Mujeres Bartolina Sisa, quien ya se encuentra detenida por no rendir cuentas sobre un depósito cercano a los 670 mil bolivianos que fue depositado en su cuenta personal y por no haber entregado las obras correspondientes.
Dentro del proceso judicial se encuentran involucrados otros exfuncionarios públicos, entre ellos Luis Arce Catacora, quien también está privado de libertad por autorizar los depósitos cuestionados cuando ejercía como ministro de Economía y formaba parte del directorio del Fondo Indígena. La inclusión de Nemesia Achacollo como sindicada responde a indicios que apuntan a su falta de diligencia durante su gestión ministerial. Según explicó uno de los fiscales encargados del caso, Miguel Cardozo, Achacollo habría faltado reiteradamente a reuniones clave del directorio donde se evaluaban y aprobaban estos proyectos. A pesar de estas ausencias, habría firmado documentos oficiales que autorizaban la ejecución de los mismos sin atender las denuncias que advertían sobre posibles irregularidades.
Este proceso representa el segundo caso judicial vigente contra Achacollo relacionado con el Fondo Indígena. El primero está vinculado a irregularidades detectadas en 153 proyectos financiados con recursos públicos asignados al desarrollo rural e indígena. Dichas anomalías fueron reveladas por una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado y han llevado a que la exministra enfrente un juicio junto a otros 13 acusados en los próximos meses. Este antecedente agrava su situación legal y pone bajo escrutinio su gestión ministerial.
La citación emitida por la comisión fiscal integrada por Johan Muñoz, Miguel Cardozo y Omar Condori refuerza la voluntad institucional para avanzar en la búsqueda de responsabilidades penales por hechos que afectan directamente el uso transparente y eficiente de recursos públicos destinados al desarrollo indígena. Además, este caso tiene una gran relevancia social porque involucra fondos creados para apoyar proyectos productivos y mejorar las condiciones de vida de comunidades originarias históricamente marginadas.
La presentación obligatoria ante la Fiscalía es una etapa crucial para esclarecer el alcance real de las acciones u omisiones atribuibles a Achacollo durante su gestión como ministra. Su comparecencia permitirá ampliar la recopilación probatoria necesaria para determinar si existió dolo o negligencia grave en la aprobación y supervisión de proyectos financiados con recursos públicos. En consecuencia, esta investigación no solo busca sancionar posibles actos ilícitos sino también sentar un precedente sobre la importancia del control riguroso en la administración pública.
En definitiva, este nuevo llamado ante la justicia marca un avance significativo dentro del proceso judicial que persigue desentrañar un entramado complejo donde varios exfuncionarios están siendo investigados por presuntos delitos relacionados con incumplimiento de deberes y malversación. El desarrollo futuro del caso será seguido con atención tanto por sectores sociales vinculados al financiamiento indígena como por organismos estatales comprometidos con transparentar el uso adecuado del presupuesto público destinado al desarrollo rural e indígena
