La problemática relacionada con la calidad de la gasolina en Bolivia ha escalado en las últimas semanas, generando una ola de cuestionamientos, protestas y reclamos por parte de diversos sectores sociales y económicos, entre ellos el transporte público, los mototaxistas y organizaciones cívicas. Estos grupos han manifestado su malestar debido a los daños que, según ellos, el combustible de mala calidad estaría causando en los motores de sus vehículos, lo que ha derivado en gastos adicionales y dificultades operativas para mantener sus unidades en funcionamiento.
El origen del conflicto está vinculado con denuncias que comenzaron a circular principalmente a través de redes sociales, donde usuarios y afectados alertaron sobre problemas recurrentes en los motores tras el uso del carburante distribuido en el país. Técnicos especializados del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz corroboraron estas inquietudes al identificar la presencia de carbonilla dentro de los motores, un residuo resultante de una combustión deficiente del combustible. Esta acumulación no solo afecta el rendimiento del vehículo, sino que también puede provocar averías graves si no se atiende a tiempo.
Los sectores afectados expresan que la situación no mejoró tras la eliminación de la subvención estatal al combustible, un cambio en la política que se esperaba generara una mejora en la calidad del producto. Por el contrario, aseguran que los costos operativos han aumentado debido a las frecuentes visitas a talleres mecánicos para reparar daños atribuibles al carburante deficiente. En estos talleres también se observa un incremento notable en las fallas relacionadas con problemas internos del motor, lo cual refuerza la hipótesis de que la calidad del combustible es un factor determinante.
En paralelo a estas complicaciones para los usuarios finales, otro sector que ha experimentado un impacto indirecto positivo es el mercado de repuestos automotrices. Los vendedores reportan un aumento significativo en las ventas durante las últimas semanas y se ven obligados a realizar nuevos pedidos para cubrir esta creciente demanda. Este fenómeno refleja cómo una problemática técnica puede generar dinámicas económicas paralelas dentro del sector automotor.
Ante esta situación compleja, la Confederación de Choferes de Bolivia ha tomado un rol activo al exigir al Gobierno medidas concretas para resarcir los daños ocasionados por el supuesto suministro de combustible defectuoso. Según denuncian representantes como Lucio Gómez, la afectación no es aislada sino que abarca diversas regiones importantes como La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, donde varios vehículos presentan daños severos relacionados con esta problemática. La organización sostiene que es indispensable implementar compensaciones económicas o técnicas para mitigar el impacto sufrido por los transportistas.
Además del pedido de resarcimiento económico, esta organización también ha solicitado cambios administrativos significativos dentro del ente regulador responsable del sector hidrocarburos: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta entidad tiene bajo su responsabilidad la regulación, supervisión y fiscalización integral de toda la cadena productiva hidrocarburífera nacional. La exigencia apunta a una destitución de autoridades consideradas responsables o negligentes frente a esta crisis, evidenciando una pérdida de confianza en la gestión actual.
En este contexto generalizado también se suman las demandas hechas por grupos cívicos que respaldan las solicitudes para establecer un programa formal de compensación dirigido a quienes resultaron afectados por esta situación con el combustible. La movilización social continúa ganando fuerza ante la percepción compartida por múltiples actores sobre una falla sistémica en el control y calidad del carburante suministrado.
Este escenario pone sobre la mesa varios desafíos para las autoridades bolivianas: garantizar la calidad adecuada del combustible para evitar daños mecánicos; responder con medidas justas y efectivas hacia los sectores perjudicados; fortalecer la supervisión estatal; y restablecer la confianza entre productores, distribuidores y consumidores finales. La capacidad para resolver esta crisis tendrá repercusiones directas no solo sobre el transporte público y particular sino también sobre la economía local vinculada al sector automotor y energético en general
