El viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, se encuentra en el centro de una polémica que ha trascendido más allá del ámbito administrativo, debido a las amenazas que ha recibido a través de redes sociales. Estas amenazas estarían vinculadas al entorno cercano de Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), quien está siendo investigada en relación con irregularidades detectadas en un proceso de compra y construcción dentro de dicha entidad. A pesar del hostigamiento y la presión, García ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la investigación, señalando que no permitirá que estas acciones obstaculicen el avance en la búsqueda de la verdad y la justicia.
El contexto que rodea estas declaraciones es un caso que involucra presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno destinado a la construcción de oficinas para la Aduana Nacional en Tarija. Según ha detallado el viceministro, el precio pagado por el terreno fue considerablemente superior al valor real establecido por un avalúo interno realizado en 2022. Mientras que el avalúo fijaba el valor en 1.4 millones de bolivianos, la entidad terminó desembolsando 2.7 millones, lo que representa un sobreprecio significativo y motivo suficiente para iniciar una investigación exhaustiva sobre posibles actos irregulares o corrupción en el manejo de recursos públicos.
Además del sobreprecio detectado en la compra del terreno, las autoridades también están revisando minuciosamente toda la documentación relacionada con los contratos para la construcción de las oficinas. En este proceso se han identificado modificaciones contractuales cuestionables, como cambios en especificaciones técnicas que aparentemente no justifican incrementos en los costos. Un ejemplo claro es la reducción del espesor del vidrio utilizado en las obras, que pasó de 10 a 6 milímetros, mientras paralelamente se autorizaban aumentos económicos a favor de la empresa constructora contratada. Estas alteraciones generan sospechas sobre posibles maniobras para inflar costos y desviar recursos públicos.
Frente a estas investigaciones y las amenazas recibidas, García ha sido enfático al aclarar que el foco está exclusivamente puesto en la administración pública y no en aspectos personales o privados relacionados con Karina Serrudo. Resalta que lo que se está indagando son hechos vinculados a contrataciones públicas y manejo financiero dentro de una institución estatal, cuyo correcto funcionamiento es crucial para garantizar transparencia y buen uso de los fondos públicos destinados a beneficio colectivo. Esta distinción es fundamental para evitar malentendidos o intentos de desviar la atención hacia cuestiones personales sin relevancia para el caso.
La situación pone en evidencia no solo las dificultades que enfrentan los funcionarios encargados del control y supervisión cuando tratan temas delicados relacionados con corrupción o mala gestión pública, sino también los riesgos personales asociados a su labor. La denuncia por parte del viceministro sobre amenazas explícitas pone sobre la mesa una problemática recurrente: la protección insuficiente para quienes investigan actos ilícitos dentro del aparato estatal frente a grupos o individuos con intereses creados que buscan impedir dichas pesquisas.
Este episodio tiene una importancia significativa para toda la población boliviana ya que pone bajo escrutinio cómo se están manejando recursos públicos esenciales destinados a instituciones clave como la Aduana Nacional. La transparencia y rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer las instituciones y garantizar un desarrollo equitativo basado en normas claras y justas. Por ello, mantener abiertas estas investigaciones contribuye directamente a preservar el interés público y evitar prácticas corruptas que afectan negativamente tanto al Estado como a sus ciudadanos.
En definitiva, el compromiso manifestado por Yamil García representa un llamado claro a continuar con esfuerzos decididos contra cualquier forma de corrupción o irregularidad administrativa. A pesar de las presiones externas e intentos por frenar estas indagaciones mediante amenazas o intimidaciones, se sostiene una postura firme orientada a esclarecer los hechos e imponer las responsabilidades correspondientes. Este tipo de acciones refuerzan el papel fundamental del Estado como garante del orden legal y promotor activo de una gestión pública transparente y eficiente al servicio del bienestar común
