En medio de la controversia generada por las denuncias sobre la calidad de la gasolina distribuida en el país, diversas voces desde la Asamblea Legislativa Plurinacional han expresado críticas contundentes hacia el pronunciamiento del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. El funcionario gubernamental atribuyó la responsabilidad del problema al gobierno anterior, liderado por Luis Arce, una postura que ha sido rechazada por varios diputados que consideran necesario que la actual administración asuma plenamente las consecuencias y responsabilidades derivadas de esta situación.
El diputado Diego Brañez, representante de APB-Súmate, fue enfático al señalar que no se debe interpretar el pronunciamiento como un intento de culpar a la gestión pasada. En cambio, instó a las autoridades actuales a realizar un análisis autocrítico y reconocer el impacto que sus decisiones han tenido en el manejo del sector hidrocarburos. Esta posición refleja una demanda clara para que el gobierno actual deje de evadir su responsabilidad y trabaje en soluciones efectivas para garantizar la calidad del combustible que se ofrece a la población y a sectores estratégicos como el transporte.
Por otro lado, Claudia Herbas, diputada de Alianza Popular, manifestó su descontento con la explicación brindada por Medinaceli. A su juicio, el tono coloquial empleado para justificar la situación resultó ofensivo para los ciudadanos bolivianos, quienes esperan respuestas serias y transparentes ante un problema que afecta directamente al bolsillo y al funcionamiento cotidiano de numerosos usuarios. Su crítica apunta a la necesidad de una comunicación gubernamental más profesional y comprometida con los intereses públicos.
En un tono más contundente, Lissa Claros, diputada de Alianza Libre, demandó una investigación exhaustiva para esclarecer las causas reales detrás de esta problemática. Rechazó tajantemente explicaciones simplistas como la supuesta suciedad en los tanques que almacenarían combustible en mal estado, calificando tales argumentos como poco creíbles. Su llamado enfatiza en la importancia de identificar con claridad a los responsables para evitar que situaciones similares se repitan y para fortalecer los mecanismos de control sobre la calidad de los carburantes.
Por su parte, Katherine Pinto, diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), introdujo un elemento adicional al debate al mencionar la posibilidad de un sabotaje contra la actual gestión gubernamental. Aunque no descartó esta hipótesis, aseguró que desde la Asamblea Legislativa se tomarán medidas concretas mediante solicitudes formales de informes para investigar a fondo lo sucedido y determinar si efectivamente existieron acciones deliberadas destinadas a perjudicar el suministro o calidad del combustible. Esta postura pone sobre la mesa la necesidad no solo de aclarar responsabilidades técnicas sino también políticas.
Mientras tanto, el sector del transporte ha sido uno de los más afectados por esta situación. Varias organizaciones representativas han reportado que sus afiliados han sufrido daños en las piezas mecánicas de sus vehículos tras abastecerse con gasolina denunciada por su mala calidad. Este hecho genera preocupación debido a las repercusiones económicas directas sobre quienes dependen del transporte para desarrollar sus actividades diarias y mantener su sustento familiar. Además, pone en evidencia una vulnerabilidad en el control y supervisión del combustible comercializado.
En paralelo a estas reacciones políticas y sociales, ingenieros mecánicos han solicitado informes técnicos tanto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), buscando obtener datos precisos sobre las características químicas y físicas del combustible distribuido. Este acercamiento técnico es fundamental para respaldar o descartar las denuncias existentes y contribuir a establecer medidas correctivas basadas en evidencia científica.
En conjunto, este escenario revela una crisis multifacética donde convergen aspectos políticos, técnicos y sociales relacionados con uno de los recursos energéticos más importantes del país. La calidad del combustible no solo afecta al sector transporte sino también tiene implicaciones económicas amplias que impactan en cadena diversas actividades productivas e industriales. Por ello, resulta imperativo que las autoridades competentes asuman un rol proactivo para garantizar estándares adecuados y recuperar así la confianza tanto del sector privado como de los consumidores finales.
El debate legislativo en curso refleja además una demanda ciudadana creciente por mayor transparencia y responsabilidad gubernamental en temas clave para el desarrollo nacional. La exigencia común es clara: superar excusas o señalamientos hacia terceros y enfocarse en soluciones efectivas que aseguren un suministro confiable y seguro para todos los bolivianos. En este contexto, las investigaciones prometidas serán determinantes para esclarecer hechos e implementar acciones correctivas que eviten daños mayores en el futuro cercano
