La calidad del combustible comercializado en Bolivia ha generado una fuerte controversia tras las denuncias realizadas por la Confederación de Choferes de Bolivia, que recientemente sostuvo un encuentro con autoridades gubernamentales para abordar esta problemática. El principal reclamo de esta organización radica en la presunta mala calidad de la gasolina y el diésel vendidos en los surtidores del país, situación que habría provocado daños significativos en numerosos vehículos particulares y de transporte público.
Durante la reunión, el dirigente Lucio Gómez expuso con contundencia la gravedad del problema, enfatizando que no solo se trata de una cuestión técnica sino también económica para los afiliados al sector transporte. Gómez afirmó que se ha presentado evidencia directa sobre el deterioro mecánico sufrido por los vehículos tras el uso del combustible en cuestión. En consecuencia, exigió al Gobierno una reparación adecuada que compense los daños ocasionados a los transportistas. Esta demanda subraya la responsabilidad estatal en garantizar la calidad del combustible suministrado y en responder ante las consecuencias negativas derivadas de su deficiencia.
El alcance del problema es considerablemente amplio, según reportes recopilados desde distintas regiones del territorio nacional. En ciudades como La Paz se han registrado más de 120 vehículos con problemas mecánicos atribuibles a la gasolina o diésel adquiridos en estaciones locales. Asimismo, otras áreas como Oruro, Cochabamba y Potosí también han informado casos similares, lo que indica una problemática extendida y no aislada. Particularmente llamativo es el caso mencionado en Santa Cruz, donde incluso dos automóviles de modelos recientes —del año 2025— permanecen desarmados debido a los daños sufridos. Este dato resalta la magnitud del impacto y la urgencia de una respuesta oficial.
Ante esta situación, las autoridades gubernamentales se comprometieron a realizar las verificaciones necesarias para determinar las causas exactas que originaron las fallas en los motores tras el abastecimiento con el combustible cuestionado. Este compromiso es fundamental para establecer responsabilidades claras y definir las acciones correctivas pertinentes. Sin embargo, desde el sector transporte se mantiene una postura firme respecto a la necesidad de un resarcimiento efectivo que compense a quienes han sufrido pérdidas materiales por esta situación.
El dirigente Gómez advirtió también sobre posibles acciones de protesta si no se cumple el acuerdo alcanzado durante la reunión. Esto evidencia la tensión existente entre el sector transportista y el Gobierno, así como la importancia que tiene para los afectados obtener respuestas concretas y soluciones rápidas. La advertencia sobre movilizaciones pone en manifiesto la dimensión social del conflicto y su potencial impacto en la dinámica cotidiana del país.
Este episodio pone sobre la mesa un tema crucial para Bolivia: la calidad y control del combustible suministrado al mercado interno. La controversia no solo afecta a conductores particulares sino también a un amplio sector productivo vinculado al transporte, cuyo correcto funcionamiento es vital para la economía nacional. La exigencia de transparencia, responsabilidad y compensación por daños refleja una demanda legítima que puede contribuir a mejorar los estándares de supervisión y regulación en este ámbito.
En resumen, la reunión entre representantes del transporte y funcionarios gubernamentales ha puesto en evidencia un problema serio relacionado con el combustible distribuido en Bolivia. La mala calidad denunciada ha causado perjuicios económicos importantes para numerosos usuarios y ha generado una respuesta firme por parte de quienes dependen directamente del buen estado de sus vehículos para su trabajo diario. El desenlace de este conflicto dependerá ahora del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos y de las medidas que se implementen para asegurar que situaciones similares no vuelvan a repetirse
