El proyecto de ley antibloqueo que actualmente analiza la comisión de Justicia Plural ha logrado un respaldo significativo por parte de diversas organizaciones sociales y gremiales, con la adhesión confirmada de al menos 100 entidades. Este amplio apoyo ha generado que los legisladores responsables consideren innecesario realizar una invitación formal a la Central Obrera Boliviana (COB), principal grupo opositor a esta iniciativa. El presidente de la comisión, Manolo Rojas, manifestó que la convocatoria fue abierta para todos los sectores y que la decisión de participar recae exclusivamente en los dirigentes sindicales y sociales.
Según Rojas, hasta el momento la COB no se ha sumado al proceso, a pesar de que otros sectores como mineros, maestros, empresarios y representantes del sistema educativo ya han expresado su adhesión. El legislador oficialista lamentó esta postura y señaló que la expectativa de recibir una invitación especial por parte del Legislativo no será satisfecha, dado que la apertura fue general y dirigida a todos los actores involucrados en el debate.
El Gobierno tiene sobre la mesa cuatro proyectos de ley destinados a sancionar los bloqueos de caminos, una problemática recurrente en el país que afecta la movilidad y genera pérdidas económicas importantes. La comisión de Justicia Plural fue designada para analizar estas iniciativas y avanzar en su discusión parlamentaria. Sin embargo, los sectores organizados agrupados en torno a la COB han manifestado un rechazo contundente a estas propuestas, argumentando que se trata de una medida represiva contra las movilizaciones sociales legítimas.
Los dirigentes sindicales han cuestionado con quiénes están negociando los legisladores, dado que existe una unidad clara entre mineros, maestros y campesinos para oponerse a esta iniciativa. Además, recuerdan que fueron precisamente estos sectores quienes lograron hacer retroceder al Gobierno con el decreto 5503, una normativa anterior relacionada con temas similares. Por lo tanto, advierten que sucederá algo similar con este nuevo proyecto presentado.
En respuesta a estas críticas, Manolo Rojas enfatizó que sería contradictorio e ilógico llevar adelante bloqueos en protesta contra una ley diseñada precisamente para regular esas acciones. Invitó a los opositores al diálogo y a participar en las mesas de trabajo para aportar antes que simplemente rechazar o oponerse frontalmente a la norma. No obstante, el diputado no especificó las fechas ni detalles precisos sobre cuándo se llevaron a cabo las reuniones ni cómo se concretaron las adhesiones en el campo ferial Chuquiago, ubicado en la zona Sur de La Paz.
Por otro lado, existe un consenso entre las tres principales bancadas legislativas —PDC, Unidad y Libre— que impulsan con entusiasmo este proyecto antibloqueo. Estas fuerzas políticas cuentan con más de dos tercios del total de votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Legislativo. Sin embargo, enfrentan la oposición del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, quien ha adelantado su rechazo a cualquier intento por penalizar las movilizaciones sociales mediante esta ley.
Este escenario plantea un complejo panorama político donde convergen intereses gubernamentales por garantizar el orden público y evitar bloqueos perjudiciales para el desarrollo económico y social del país, frente a una fuerte resistencia desde los sectores organizados que defienden el derecho a manifestarse como herramienta legítima de presión social. La aprobación o rechazo definitivo del proyecto antibloqueo tendrá implicaciones directas sobre el equilibrio entre seguridad ciudadana y derechos colectivos en Bolivia
