El gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Roberto Justiniano, denunció la ocupación ilegal de la Planta de Cemento de ECEBOL en Potosí, atribuyéndola a un grupo de extrabajadores cuyos contratos eventuales finalizaron el 31 de diciembre. Esta acción fue calificada como un ataque al patrimonio estatal, además de revelar un esquema de malversación de fondos heredado de la administración anterior.
El conflicto tiene su origen en el uso indebido de los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), cuyo financiamiento proviene del Tesoro General de la Nación y estaba destinado exclusivamente a la construcción y equipamiento tecnológico de la planta. Según Justiniano, el préstamo debía emplearse únicamente para la adquisición de maquinaria e infraestructura, pero en cambio, se utilizó para el pago de salarios operativos durante la fase de construcción, una práctica contraria a la normativa vigente.
En 2023 se registraron irregularidades administrativas significativas, ya que el manual de cargos establecía un máximo de 15 contrataciones para la etapa de transición, mientras que se llegó a emplear a 80 personas. Además, se pagaron salarios por la operación de equipos que aún estaban en proceso de ensamblaje, lo que implicó la utilización de fondos de inversión para gastos corrientes, acción prohibida por la ley.
El gerente desmintió las acusaciones de despidos masivos, enfatizando que el personal involucrado conocía la naturaleza eventual de sus contratos, los cuales concluyeron el 31 de diciembre. Subrayó que no es sostenible mantener un modelo de financiamiento irregular que agote los recursos estatales antes de que la planta produzca su primer saco de cemento.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, SEDEM y ECEBOL, manifestó que no permitirá que se perpetúen acciones ilegales y anunció la presentación de acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma. La administración está comprometida con el funcionamiento de una planta rentable para la región, y no con un mecanismo de empleo político.
Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad y a los sectores movilizados para que abandonen las actitudes violentas y eviten ser utilizados por quienes malversaron los recursos públicos, en defensa del patrimonio estatal y la legalidad
