Las organizaciones políticas que competirán en las próximas elecciones subnacionales firmaron un acuerdo en Santa Cruz, denominado Compromisos por la Democracia, impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este pacto establece pautas de conducta para la campaña electoral, promueve el respeto a los resultados y busca preservar la institucionalidad del proceso electoral.
El vocal del TSE, Carlos Alberto Goitia, destacó que las campañas basadas en ataques personales, desinformación o victimización no aportan beneficios electorales y, por el contrario, debilitan a las propias candidaturas. Según Goitia, estudios comparativos y análisis electorales demuestran que este tipo de estrategias erosionan la confianza ciudadana y deterioran la calidad democrática. Por ello, el TSE promueve un compromiso ético que, aunque no contempla sanciones directas, permitirá identificar públicamente a quienes incumplan lo acordado.
Por su parte, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, calificó este proceso como un momento crucial para la democracia nacional y resaltó que garantizar elecciones libres y transparentes es una responsabilidad compartida entre el Órgano Electoral, los partidos políticos y la sociedad civil. Ávila subrayó la importancia de respetar los principios de legalidad y preclusión, enfatizando que las etapas, plazos y decisiones adoptadas conforme a la ley deben cumplirse sin presiones externas. Asimismo, alertó que no puede considerarse democracia cuando se toleran campañas basadas en falsedades, ataques personales o manipulación.
El acuerdo firmado en el Encuentro Multipartidario rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 establece compromisos específicos para erradicar la guerra sucia, la desinformación, la judicialización indebida del proceso electoral y los cuestionamientos infundados al Padrón Electoral Biométrico. En cuanto a la campaña y propaganda, las organizaciones políticas se comprometieron a evitar la difusión de noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas, así como cualquier tipo de acoso o violencia política, especialmente contra mujeres y personas de la comunidad LGBTI. Además, se estableció la obligación de respetar bienes públicos y privados y de participar en debates programáticos organizados por el Órgano Electoral, medios de comunicación y la sociedad civil.
El TSE también asumió el compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión digital para garantizar la transparencia y trazabilidad en la comunicación política en línea, sin afectar la libertad de expresión.
Otro aspecto fundamental del acuerdo es el reconocimiento del Padrón Electoral Biométrico como base esencial para la confianza en el proceso electoral. Las fuerzas políticas acordaron participar activamente en todas las etapas de su conformación, asistir a los laboratorios de integridad electoral y utilizar los mecanismos de control previstos por la ley, evitando emplear el padrón como herramienta de confrontación política sin fundamentos técnicos.
Los partidos también se comprometieron a respetar los resultados electorales, reconociendo que la aceptación de estos es fundamental para la gobernabilidad democrática y refleja el principio de soberanía popular. El documento aclara que el sistema de transmisión rápida de resultados preliminares tiene un carácter informativo y no sustituye el cómputo oficial.
El presidente Ávila enfatizó que el respeto a la legalidad es obligatorio y no negociable, instando a las organizaciones políticas a acatar las normas incluso cuando las decisiones no favorezcan intereses particulares. Asimismo, el acuerdo contempla el cumplimiento estricto de los plazos del calendario electoral, incluyendo la sustitución de candidaturas inhabilitadas hasta una fecha límite, garantizando además la paridad y alternancia como logros democráticos fundamentales.
Las elecciones programadas para el 22 de marzo renovarán autoridades en 343 municipios, nueve gobernaciones y la Autonomía Regional del Chaco, con la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas y otras autoridades regionales en todas las entidades territoriales autónomas del país
