Dos senadores bolivianos han propuesto trabajar sin recibir remuneración para demostrar que la política debe entenderse como un servicio público y no como un negocio personal. Esta iniciativa surge en un contexto de crisis económica, donde el aumento del costo de vida y los ajustes presupuestarios a nivel subnacional han puesto en el centro del debate los salarios y beneficios de los parlamentarios nacionales.

La discusión se intensificó tras la propuesta de un legislador que sugirió reducir el sueldo de todos los asambleístas a 10.000 bolivianos mensuales, argumentando que muchos cumplen un papel pasivo en el Parlamento y que sus ingresos actuales no se justifican por el trabajo realizado. Esta idea generó controversia dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, evidenciando la resistencia a modificar privilegios económicos establecidos.

En este contexto, dos senadores suplentes han planteado una postura más radical: renunciar a sus salarios para trabajar ad honorem. Uno de ellos destacó que no depende de su remuneración estatal debido a sus emprendimientos privados y señaló que ya ha destinado sus primeros ingresos a causas solidarias, con planes de continuar realizando donaciones en fechas especiales. La otra legisladora, por su parte, manifestó que cuenta con otras fuentes de ingresos que le permiten cubrir sus gastos y que considera que la política debe ser entendida como un servicio temporal al pueblo, en línea con su experiencia previa de aportar recursos propios a su sector.

Ambos parlamentarios también han señalado que, más allá del sueldo, existen beneficios adicionales que generan rechazo en la opinión pública, como el uso de telefonía celular corporativa con datos ilimitados y un crédito mensual cubierto por el Estado. Uno de ellos anunció que renunciará a este servicio al considerarlo innecesario en su caso.

Actualmente, los diputados y senadores titulares perciben un salario mensual superior a los 23.000 bolivianos, mientras que los suplentes reciben cerca de 8.000 bolivianos, a pesar de que su participación suele limitarse a reemplazar a los titulares en sus ausencias. Además, cuentan con viáticos para viajes oficiales tanto nacionales como internacionales, bonos de alimentación, pasajes aéreos mensuales, personal de apoyo, vales de combustible y otros servicios, todo financiado por el Estado.

El gasto anual en salarios para los 166 legisladores se estima en más de 71 millones de bolivianos, dentro de un presupuesto total para la Asamblea Legislativa que supera los 267 millones. Esta cifra cobra relevancia en un escenario de restricciones fiscales y descontento social.

En comparación con otros países sudamericanos, los salarios de los parlamentarios bolivianos son relativamente bajos en dólares, pero internamente representan aproximadamente siete veces el salario mínimo nacional, lo que contribuye a la percepción de desigualdad y alimenta el malestar ciudadano.

Finalmente, se ha planteado la posibilidad de implementar un sistema de pago por sesión para los legisladores, aunque esto requeriría modificaciones en los reglamentos internos de ambas cámaras. Se estima que el costo operativo de una sesión ordinaria ronda los 35.000 bolivianos, lo que añade un elemento más a la compleja discusión sobre la eficiencia y el gasto en el Parlamento