Con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos de los jóvenes que participan en el proceso de reclutamiento para el servicio militar del primer escalón 2025-2026, la Defensoría del Pueblo ha desplegado personal en distintos puntos del país para supervisar los centros de instrucción militar.
Bajo la dirección del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, las delegaciones defensoriales departamentales y las coordinaciones regionales han sido instruidas para llevar a cabo inspecciones en aquellos centros de reclutamiento con mayor afluencia de postulantes. Esta medida responde a quejas y reclamos presentados en procesos anteriores, que señalaban problemas como la negativa de reclutamiento, la insuficiencia de cupos, la exigencia de requisitos no contemplados en la normativa vigente y la falta de información clara sobre el procedimiento, situaciones que afectaron los derechos de los jóvenes aspirantes.
La primera ronda de verificaciones se llevó a cabo el 16 de enero, abarcando 42 centros de instrucción, incluyendo el Centro Militar Fuerza Aérea Boliviana “GADA 94” en Tarija. Posteriormente, el 19 de enero se realizó una segunda inspección con el objetivo de asegurar el desarrollo adecuado del proceso, atender denuncias de la población y promover el conocimiento de los derechos de los postulantes, así como la prohibición de cualquier forma de tortura o trato inhumano en las instalaciones militares.
La última supervisión está programada para el cierre del proceso de reclutamiento, con el fin de evaluar su conclusión y elaborar un informe detallado sobre las observaciones realizadas durante las verificaciones. Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y el respeto a los derechos humanos en todas las etapas del reclutamiento militar
