Operadores políticos afines a Evo Morales expresan rechazo a decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional

Operadores políticos afines a Evo Morales expresan rechazo a decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional

Expresidenta del Senado advierte sobre posibles protestas que podrían derrocar al gobierno de Luis Arce
Este domingo, operadores políticos cercanos a Evo Morales manifestaron su descontento hacia el Tribunal Constitucional Plurinacional por inhabilitar a Morales para una nueva candidatura presidencial. En un programa radial liderado por Morales, la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, alertó sobre la posibilidad de “explosión de protestas” que podrían poner en riesgo la estabilidad del gobierno de Luis Arce.
Operadores políticos afines a Evo Morales expresaron este domingo su rechazo hacia el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por inhabilitar a Morales para una nueva candidatura presidencial y contra el Órgano Electoral por retirar la sigla del MAS-IPSP. En un programa radial encabezado por Morales, la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, advirtió sobre una posible “explosión de protestas” que podría derrocar al gobierno de Luis Arce y a los magistrados del TCP.

Durante la emisión, participaron varios dirigentes sindicales del Trópico de Cochabamba, exaltando la figura de Morales, junto con un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y un abogado afín, quienes argumentaron a favor de la legalidad de la participación de Morales en las elecciones venideras.

Salvatierra, quien renunció a la presidencia del Senado en 2019, resaltó la incertidumbre que rodea al proceso electoral actual, cuestionando la falta de garantías en el voto en el exterior y la posibilidad de exclusión de más partidos políticos. Además, criticó a medios de comunicación y “opinadores” por su supuesta tardía reacción ante la injerencia de la justicia en asuntos electorales.

La expresidenta del Senado mencionó un presunto consenso entre el gobierno, la derecha y el TCP para excluir a Morales de la contienda electoral, destacando el peligro que representaría dicha exclusión para la democracia. Asimismo, señaló que la movilización del 16 de mayo de 2025 reflejaba el descontento por la posible exclusión del campo popular.

Morales respaldó estas afirmaciones, denunciando una presunta estrategia de exclusión orquestada por Estados Unidos durante el “golpe de Estado” de 2019. El líder cocalero, restringido a su reducto de Lauca Ñ, enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con una menor de edad, situación que le impide desplazarse por el país.

El caso continúa bajo investigación en el Ministerio Público y la justicia departamental de Tarija, mientras que el ambiente político en Bolivia se mantiene tenso ante la posibilidad de exclusión de Morales de las próximas elecciones presidenciales.
La situación política en Bolivia se encuentra tensa ante la exclusión de Evo Morales de las próximas elecciones presidenciales. Las acusaciones de injerencia y exclusión han generado preocupación entre los seguidores del exmandatario y podrían desencadenar movilizaciones en el país.

El Tribunal Constitucional Plurinacional reconoce derechos ancestrales de la comunidad tsimane del Beni.

El Tribunal Constitucional Plurinacional reconoce derechos ancestrales de la comunidad tsimane del Beni.

La histórica sentencia del TCP anula resoluciones del INRA y ordena la titulación de tierras comunitarias tsimanes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una decisión sin precedentes que reconoce los derechos de la comunidad tsimane del Beni sobre sus tierras ancestrales, anulando resoluciones del INRA y ordenando la titulación de sus territorios en un plazo de 48 horas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una histórica sentencia que reconoce los derechos de la comunidad tsimane del Beni sobre sus tierras ancestrales y anula 19 resoluciones administrativas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que habían asignado terrenos a grupos interculturales. Esta decisión sin precedentes ordena al INRA admitir la demanda de dotación y titulación de tierras comunitarias presentada por el Sub Consejo Tsimane del Sector Yacuma en julio de 2021 en un plazo de 48 horas.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0935/2024-S3 reconoce que los tsimanes son titulares de derechos fundamentales establecidos en la Constitución, convenios internacionales y la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad. Se anulan resoluciones administrativas que permitieron asentamientos de comunidades interculturales en territorios ancestrales tsimanes en el departamento de Beni, y se ordena la aplicación de medidas precautorias y la cesación de autorizaciones de desmonte otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

El fallo reconoce que los asentamientos interculturales vulneraron derechos fundamentales de los tsimanes, como el derecho a la libre determinación, la titulación colectiva, el territorio, la propiedad y la posesión ancestral. El INRA otorgó tierras de forma irregular, al margen del debido proceso y en contradicción con la normativa de protección a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, permitiendo avasallamientos, despojos, expulsiones y deforestación en territorios tsimanes.

Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la fundación Tierra, destaca que la sentencia enfatiza en el reconocimiento de los derechos constitucionalmente garantizados a los pueblos indígenas, y señala que el INRA no aceptó la demanda de los tsimanes argumentando limitaciones procedimentales. La sentencia también instruye una auditoría jurídica para investigar la autorización de asentamientos, chaqueos y desmontes, señalando posibles responsabilidades penales por corrupción y genocidio, dado el impacto en la supervivencia del pueblo Tsimane.
La sentencia del TCP destaca la importancia del reconocimiento de los derechos constitucionalmente garantizados a los pueblos indígenas, señalando posibles responsabilidades penales por corrupción y genocidio en la autorización de asentamientos interculturales en territorios tsimanes.