Entrevista con el Fiscal General del Estado revela estrategias para fortalecer la persecución de delitos de alto impacto.
El Ministerio Público de Bolivia ha dado un paso importante en la lucha contra la criminalidad al anunciar la creación de nueve Fiscalías Especializadas. Estas nuevas entidades estarán enfocadas en la persecución de delitos como el narcotráfico, la corrupción, la violencia sexual y la trata de personas, con el objetivo de desarticular estructuras delictivas y garantizar resultados efectivos.
El Ministerio Público ha anunciado la implementación de nueve Fiscalías Especializadas con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad en Bolivia. En una entrevista con Los Tiempos, Roger Mariaca, Fiscal General del Estado, explicó que esta iniciativa busca enfocar la persecución de delitos de alto impacto, como el narcotráfico, la corrupción, la violencia sexual y la trata de personas, con métodos especializados para garantizar resultados efectivos en la desarticulación de estructuras delictivas.

Según Mariaca, las Fiscalías Superiores jugarán un papel fundamental en la persecución estratégica de estos delitos, liderando investigaciones y llevando a cabo un litigio estratégico en los casos más complejos y de mayor relevancia social. Estos fiscales no solo supervisarán, sino que intervendrán activamente en la dirección de investigaciones, lo que fortalecerá la capacidad operativa del Ministerio Público y elevará los estándares técnicos y profesionales de la institución.

En cuanto a la preparación de los fiscales superiores, Mariaca destacó que han sido seleccionados rigurosamente por su profesionalismo, capacidad técnica y experiencia en el área. Recibirán una formación especializada en técnicas avanzadas de investigación criminal, litigación estratégica, cooperación internacional y aplicación de la tecnología, con el objetivo de mejorar la eficacia en la lucha contra la criminalidad.

Esta nueva modalidad de Fiscalías forma parte de la política criminal del país y representa un avance significativo en la estrategia para enfrentar la criminalidad de manera efectiva. Se espera que esta iniciativa fortalezca la persecución penal en delitos de alta complejidad, optimice el desempeño del Ministerio Público y brinde una respuesta eficiente ante la sofisticación y transnacionalidad de la criminalidad, consolidando a la institución como una entidad moderna y comprometida con el Estado de derecho.
La implementación de las nuevas Fiscalías Especializadas representa un avance significativo en la estrategia para enfrentar la criminalidad en Bolivia. Con fiscales superiores seleccionados rigurosamente y formados en técnicas avanzadas de investigación criminal, se espera que esta iniciativa fortalezca la persecución penal en delitos de alta complejidad y eleve los estándares técnicos y profesionales del Ministerio Público.

El fiscal general del Estado reitera su apoyo al Tribunal Supremo Electoral en medio de un clima de tensión política en el país.
El Ministerio Público de Bolivia ha anunciado su compromiso de vigilar de cerca cualquier situación que pueda poner en riesgo el orden constitucional durante las movilizaciones previstas en la ciudad de La Paz y otras regiones del país. El fiscal general, Roger Mariaca, ha asegurado que estarán atentos a cualquier detención realizada por la Policía boliviana en el marco de mantener el orden público.
El Ministerio Público ha manifestado su compromiso de estar vigilante ante cualquier caso de vulneración al orden constitucional que pueda surgir en la ciudad de La Paz u otras regiones del país debido a las movilizaciones previstas para la próxima semana. En este sentido, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha reiterado la disposición de brindar apoyo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el desarrollo de las elecciones generales.

Mariaca ha enfatizado que, en caso de que se produzcan detenciones por parte de la Policía boliviana en el marco de su labor de mantener el orden público, el Ministerio Público estará atento para iniciar los procesos correspondientes, ya sea en La Paz o en cualquier otra región del país. Esta declaración se produce en un contexto en el que los sectores afines a Evo Morales y Andrónico Rodríguez han anunciado marchas y bloqueos de caminos, lo que ha llevado al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, a asegurar que la Policía se encargará de resguardar la seguridad y el orden democrático en el país.

El fiscal general ha recordado que es responsabilidad de las fuerzas del orden garantizar la seguridad y el orden público en cumplimiento de lo establecido por la Constitución, especialmente en un momento crucial como el actual en el que se busca garantizar un proceso electoral transparente y seguro de cara a las elecciones del 17 de agosto. Estas declaraciones reflejan el clima de tensión y vigilancia que se vive en Bolivia en medio de la preparación para los comicios, en los que las autoridades buscan evitar cualquier incidencia que pueda poner en riesgo la estabilidad y la democracia del país.
En medio de la preparación para las elecciones generales del 17 de agosto, el Ministerio Público de Bolivia se mantiene vigilante ante cualquier situación que pueda afectar la estabilidad democrática del país. Es fundamental garantizar un proceso electoral transparente y seguro en un contexto de tensiones políticas.

Las autoridades inician pesquisas por el asesinato de un militar en Huarina, La Paz, con un sospechoso prófugo.
El Ministerio Público ha confirmado el inicio de una investigación por un caso de asesinato que tuvo lugar en el municipio de Huarina, en el departamento de La Paz, donde un militar perdió la vida a manos de otro efectivo que se encuentra prófugo.
El Ministerio Público ha confirmado el inicio de una investigación por un caso de asesinato que tuvo lugar en el municipio de Huarina, en el departamento de La Paz. La víctima ha sido identificada como Julio A.CH., un militar de 30 años perteneciente a la Escuela Militar de Topografía del Ejército (EMTE). Este trágico suceso se desencadenó a raíz de un disparo de arma de fuego que acabó con la vida del militar.

Las autoridades apuntan a otro efectivo militar, Jorge L.C.Q., de 34 años, como el principal sospechoso, quien actualmente se encuentra prófugo y cuenta con una orden de aprehensión en su contra. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha informado que se han llevado a cabo las primeras diligencias investigativas, incluyendo la toma de declaraciones testificales, el registro del lugar del crimen, el levantamiento del cadáver y la realización de la autopsia médico legal, que determinó como causa de muerte un traumatismo cráneoencefálico abierto por proyectil de arma de fuego.

La Fiscal asignada al caso, Filomena Bautista, ha destacado que el hecho se registró el 24 de mayo, cuando la Policía Rural y Fronteriza recibió el reporte de una persona fallecida en una vivienda particular en Huarina. Al llegar al lugar, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre vestido con uniforme camuflado, identificado como un militar activo. Las primeras investigaciones sugieren que el crimen podría tener móviles pasionales.

En este sentido, la Fiscalía está colaborando estrechamente con la Policía en la búsqueda del presunto autor, mientras se profundizan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suceso y establecer la relación existente entre los involucrados en este trágico incidente. La comunidad local está consternada por este acontecimiento y espera que se haga justicia en este caso.
La comunidad local está consternada por este trágico suceso y se espera que la justicia prevalezca en el esclarecimiento de los hechos.

La diputada Esther Sánchez revela las acciones legales en curso contra autoridades municipales de Tarija por supuesta corrupción.
La Fiscalía ha formalizado la imputación contra Gonzalo Del Carpio, director de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de Tarija, en medio de un escenario de presunta corrupción que ha generado gran interés público.
La diputada Esther Sánchez, representante de Comunidad Ciudadana (CC), ha revelado que el Ministerio Público ha formalizado la imputación contra Gonzalo Del Carpio, director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por supuesto uso indebido de influencias. Esta acción legal es parte de una serie de procesos que se han iniciado en contra de diversas autoridades y funcionarios de la entidad municipal, en medio de un escenario de presunta corrupción.

En concreto, la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares de carácter personal para el imputado, mientras se espera la programación de una audiencia para determinar dichas medidas. La denuncia en cuestión se remonta a enero de 2011, cuando, según informes, a través de un documento privado de compra venta, una parte adquirió 17 lotes situados en el manzano N, dentro de la zona conocida como Cabeza de Toro, en la urbanización Las Retamas.

Este caso ha generado un notable interés en la opinión pública debido a las implicaciones que podría tener en términos de transparencia y legalidad en la gestión de los recursos municipales. La imputación de Del Carpio y las investigaciones en curso ponen de manifiesto la importancia de velar por la integridad en la administración pública y de garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades se rijan por principios éticos y legales.

Es fundamental que se esclarezcan los hechos y que se aplique la justicia de manera imparcial y diligente, para así restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales locales. Este caso específico evidencia la necesidad de una supervisión constante y efectiva de las acciones de los funcionarios públicos, a fin de prevenir posibles actos de corrupción y garantizar un ejercicio responsable del poder en beneficio de la comunidad.
Es imperativo que se esclarezca este caso y se aplique la justicia de forma imparcial para restaurar la confianza en las instituciones locales y prevenir futuros actos de corrupción.