Fiscalía de Guatemala emite órdenes de captura contra altos funcionarios colombianos por caso Odebrecht

Fiscalía de Guatemala emite órdenes de captura contra altos funcionarios colombianos por caso Odebrecht

La Fiscalía guatemalteca solicita la extradición de la fiscal general de Colombia y el embajador colombiano en el Vaticano por presunto favorecimiento a Odebrecht.
La Fiscalía de Guatemala ha emitido órdenes de captura y solicitado la extradición de dos altos funcionarios colombianos, Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano, por acusaciones de favorecimiento ilegal a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción millonaria.
La Fiscalía de Guatemala ha emitido órdenes de captura y solicitado la extradición de dos altos funcionarios colombianos, Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano. Estas acciones se dan en el marco de acusaciones de favorecimiento ilegal a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción que se remonta a la pasada década, generando pérdidas millonarias al Estado guatemalteco.

Las acusaciones apuntan a su período trabajando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que investigó redes de corrupción en el país entre 2007 y 2019. Durante su gestión, Velásquez y Camargo lideraron investigaciones que llevaron a la prisión a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares por corrupción.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Velásquez y Camargo de haber negociado acuerdos judiciales irregulares con Odebrecht, siendo también señalada la falta de transparencia en dichos acuerdos. Se les imputan cargos como asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.

La FECI sostiene que estos acuerdos con Odebrecht habrían beneficiado injustamente a la empresa, causando un daño económico de aproximadamente US$390 millones al Estado guatemalteco. Entre las pruebas presentadas se encuentran correos electrónicos, grabaciones, testimonios y la declaración de un testigo protegido.

Además de Velásquez y Camargo, otros exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público guatemalteco están señalados en la acusación, sumando un total de 26 personas. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal autorizó la emisión de órdenes de captura internacionales, solicitando la extradición de ambos a Guatemala.

Estas órdenes de captura han generado reacciones tanto en Colombia como en Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo ha rechazado las medidas por considerarlas arbitrarias y contrarias a acuerdos internacionales. Se ha señalado que las tensiones entre la CICIG y el gobierno guatemalteco durante el mandato de Jimmy Morales podrían estar relacionadas con estas acciones judiciales.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ha defendido a Velásquez y Camargo, señalando que las órdenes de arresto buscan intimidar a aquellos que lucharon contra la corrupción. La situación ha generado críticas y preocupación en la comunidad internacional, que observa de cerca el rumbo del sistema judicial en Guatemala tras el cierre de la CICIG en 2019.
Las acciones de la Fiscalía de Guatemala contra los altos funcionarios colombianos por presunto favorecimiento a Odebrecht han generado tensiones diplomáticas y críticas internacionales, poniendo en entredicho la lucha contra la corrupción en la región.

Controversia en Bolivia por traslado irregular de líder del PCC a Brasil

Controversia en Bolivia por traslado irregular de líder del PCC a Brasil

El caso de Marcos Roberto de Almeida, alias ‘Tuta’, líder del PCC, ha levantado polémica en Bolivia por presuntas irregularidades en su traslado a Brasil.
El fiscal general del Estado boliviano denunció la falta de una orden judicial para la entrega de ‘Tuta’ a Brasil, generando preocupación por posibles irregularidades legales en el proceso.
El traslado del narcotraficante brasileño Marcos Roberto de Almeida, conocido como ‘Tuta’ y líder del Primer Comando Capital (PCC), ha generado controversia en Bolivia tras ser denunciado como irregular por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. En una conferencia de prensa, Mariaca afirmó que no existía una orden judicial para la entrega de ‘Tuta’ a Brasil y que el Ministerio Público no fue informado sobre la operación.

El arresto de Almeida tuvo lugar el viernes 16 de mayo en Santa Cruz, donde fue detectado gracias a una alerta de Interpol mientras realizaba trámites en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip). Posteriormente, el domingo se anunció su entrega a las autoridades brasileñas en Arroyo Concepción, municipio de Quijarro, en la zona fronteriza.

El fiscal general destacó que se estaba investigando la posible implicación de ‘Tuta’ en otros delitos en territorio boliviano y expresó su preocupación por el incumplimiento de los procedimientos legales en su traslado, lo cual podría beneficiar al acusado en su país de origen. Según Mariaca, la defensa de Almeida podría argumentar que la entrega no se realizó conforme a las normas bolivianas.

Por otro lado, el director del Segip en Santa Cruz, Alpacino Mojica, denunció haber recibido amenazas de muerte tras la aprehensión de ‘Tuta’. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó estas amenazas y aseguró que se ha brindado protección al funcionario, instándolo a formalizar la denuncia para iniciar una investigación al respecto.

Además, se identificó a un funcionario policial, el mayor Gabriel Jesús S.H., que habría colaborado en la obtención de documentación boliviana para Almeida. El uniformado fue arrestado luego de que se difundiera un video en el que aparece junto al líder del PCC durante el trámite en el Segip, a pesar de no tener funciones en dicha institución. El fiscal del caso informó que se encontraron bienes a nombre del mayor que no se corresponden con sus ingresos como servidor público.

En consecuencia, este caso ha generado preocupación tanto por la presunta implicación de Almeida en delitos en Bolivia como por las posibles irregularidades en su traslado a Brasil, así como por la participación de funcionarios en la obtención de documentación de manera ilegal.
El caso de ‘Tuta’ ha puesto en tela de juicio la cooperación entre Bolivia y Brasil en materia de extradición, además de revelar posibles implicaciones de funcionarios en la obtención de documentación ilegal.

Extraditan a Paraguay a esposa de narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Extraditan a Paraguay a esposa de narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Gianina García Troche es recluida en penal militar de Viñas Cué bajo estrictas medidas de seguridad
La llegada de Gianina García Troche a Paraguay marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en la región, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en el penal militar de Viñas Cué para garantizar su reclusión.
El miércoles se concretó la extradición desde España a Paraguay de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer fue trasladada al penal militar de Viñas Cué, en Asunción, bajo un fuerte resguardo de seguridad. El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, explicó que la decisión de recluir a García Troche en un penal militar se debe a razones de seguridad. El director del penal de Viñas Cué ya recibió el respectivo oficio para su ingreso.

Para garantizar la seguridad en el penal, se ha dispuesto el refuerzo del recinto con efectivos del Ejército y la Armada, así como la asignación de personal militar femenino para apoyar en el control de la interna. García Troche, imputada en el marco de la operación “A Ultranza”, permanecerá detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, que se inició en 2022. Su abogado, Santiago Moratorio, expresó su desacuerdo con la decisión de enviarla a prisión y sugirió que se podría haber determinado arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica, asegurando la inocencia de su defendida.

La llegada de García Troche a Paraguay se produjo alrededor de las 6:00 (hora boliviana) en medio de un operativo de seguridad. En un desarrollo paralelo, se conoció que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Sebastián Marset. Esta oferta se enmarca en una investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, donde Marset habría utilizado el sistema financiero estadounidense para ocultar ganancias ilícitas derivadas del tráfico de drogas.

La Embajada de Estados Unidos destacó el rol del narcotraficante en la red criminal expuesta por la operación “Ultranza Py”, que ha sido la más grande en Paraguay contra el tráfico de cocaína. La investigación revela que esta red estuvo vinculada con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo importantes confiscaciones en Bélgica y Paraguay. La DEA participó en la investigación en coordinación con autoridades paraguayas.

Se informó que Marset se encuentra prófugo desde su fuga en julio de 2023, horas antes de un operativo de captura en su contra. La recompensa ofrecida por Estados Unidos forma parte de los esfuerzos por llevar a la justicia a Marset y desmantelar la red criminal que opera a nivel internacional.
El caso de García Troche, vinculada al narcotraficante Sebastián Marset, pone de manifiesto la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y la importancia de desmantelar redes criminales transnacionales.