La decisión de la Corte Suprema afecta a más de medio millón de personas y genera incertidumbre en la política migratoria de Estados Unidos.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del gobierno de Donald Trump para anular el “parole humanitario” ha generado controversia y preocupación entre los inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que se beneficiaban de esta protección. Con más de 532,000 personas afectadas, la posibilidad de deportación se convierte en una realidad para muchos.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado a favor del gobierno de Donald Trump para anular el estatus legal que brindaba protección a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esta decisión afecta a alrededor de 532,000 personas que se beneficiaron del denominado “parole humanitario” durante la administración de Joe Biden.

El “parole humanitario” se basó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al secretario de Seguridad Nacional la facultad discrecional de conceder permisos de permanencia temporal a extranjeros que, aún sin cumplir los requisitos para una visa, soliciten ingresar a EE.UU. por razones humanitarias urgentes o beneficios públicos significativos.

La suspensión de la orden anterior de un juez federal que impedía al gobierno eliminar este programa pone en riesgo la deportación de los migrantes protegidos por el parole. La Casa Blanca ha expresado su satisfacción por la posibilidad de deportar a 500,000 individuos catalogados como “invasores” por el subjefe de gabinete Stephen Miller.

Dos magistradas de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, discreparon con la decisión. La jueza Jackson enfatizó que la medida judicial pone en riesgo las vidas de medio millón de migrantes antes de que los tribunales resuelvan sus demandas legales.

La administración Trump había iniciado el proceso de eliminación de los programas de parole desde el primer día de su mandato, culminando con el anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo. Grupos defensores de los derechos de los migrantes han demandado al gobierno argumentando que los migrantes enfrentan serios riesgos, persecución e incluso la muerte si son deportados a sus países de origen.

Este fallo se suma a la anterior decisión de la Corte Suprema que permitió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 inmigrantes venezolanos en EE.UU. El programa de parole para venezolanos exigía un patrocinador en EE.UU. que se hiciera responsable financieramente durante su estancia, con un exhaustivo proceso de revisión caso por caso.

El parole humanitario es una figura legal con una larga historia, utilizada por gobiernos anteriores en momentos de crisis humanitarias. Desde 1956, con el caso de refugiados húngaros, hasta la actualidad, ha sido un recurso utilizado en situaciones de emergencia humanitaria.

La revocación de este programa plantea un nuevo desafío para la política migratoria de Estados Unidos y genera incertidumbre para cientos de miles de personas que podrían enfrentar la deportación a pesar de haber encontrado en el país una oportunidad de refugio y protección.
La revocación del programa de parole humanitario plantea un desafío más para la política migratoria de EE.UU. y deja en riesgo la seguridad de cientos de miles de personas que encontraron en este programa una oportunidad de protección. La incertidumbre y la preocupación son ahora el panorama para estos inmigrantes vulnerables.