El “Estado Mayor del Pueblo” convoca a una nueva movilización para respaldar la candidatura de Evo Morales y expresar preocupación por la situación económica del país.
El “Estado Mayor del Pueblo” y el Pacto de Unidad han anunciado una segunda marcha en apoyo a Evo Morales y para manifestar inquietud por la crisis económica en Bolivia. La convocatoria, que se llevará a cabo este lunes, busca respaldar la postulación del expresidente para las elecciones de agosto y exigir su participación exclusiva en los comicios.
El denominado “Estado Mayor del Pueblo” y el Pacto de Unidad han anunciado el inicio de una segunda marcha que se llevará a cabo este lunes con el objetivo de respaldar la candidatura de Evo Morales para las elecciones de agosto y para expresar preocupación por la crisis económica que atraviesa Bolivia, según informó el senador del MAS, Leonardo Loza.

La convocatoria establece que los manifestantes se reunirán en la Cervecería Boliviana Nacional en La Paz, desde donde se dirigirán hacia la plaza Abaroa y las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se espera que la marcha sea masiva, con la participación de miles de personas que exigirán el derecho de Evo Morales a postularse como candidato.

A pesar de la movilización, se ha anunciado que por precaución la Alcaldía de La Paz cerrará la plaza Abaroa. Además, se ha informado que la marcha será realizada de forma escalonada y que Evo Morales no participará directamente, ya que permanecerá en Lauca Ñ, en el trópico cochabambino.

Por su parte, el expresidente Evo Morales ha comunicado a través de los medios del trópico de Cochabamba que cada sindicato aportará con el 5% de sus afiliados a la marcha. En este contexto, la concejal Wilma Alanoca ha expresado la importancia de garantizar que la movilización se desarrolle de manera pacífica, aunque ha señalado que la población exige la renuncia del presidente Arce y la participación exclusiva de Evo Morales como candidato.

En contraste, el analista Jorge Santiesteban ha alertado sobre la presencia de extranjeros armados en las vigilias de tres tribunales importantes -Electoral, Constitucional y de Justicia- con el presunto fin de imponer la candidatura de Evo Morales “a cualquier costo”. En este sentido, ha instado al Gobierno a intervenir y hacer valer la ley para evitar esta situación.

Mientras tanto, el presidente Luis Arce ha denunciado un supuesto intento de acortar su mandato y ha reafirmado que las elecciones están garantizadas para el 17 de agosto. Arce ha expresado su preocupación por acciones judiciales que podrían desestabilizar el proceso electoral previsto para este año, señalando que existen intereses individuales que buscan generar incertidumbre en el ambiente político boliviano.

En resumen, Bolivia se prepara para una nueva jornada de protestas y movilizaciones en apoyo a la candidatura de Evo Morales, en un contexto marcado por tensiones políticas y disputas electorales que mantienen en vilo al país.
En medio de tensiones políticas y disputas electorales, Bolivia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones en apoyo a Evo Morales. Mientras el presidente Luis Arce denuncia intentos de desestabilización, la población se moviliza para respaldar al exmandatario en un contexto de incertidumbre política.

Manifestantes en La Paz expresan su malestar ante la crisis económica y la especulación de precios.
Una protesta en la plaza Murillo de La Paz reunió a ciudadanos indignados por el aumento de precios de productos básicos, destacando el aceite comestible. La manifestación reflejó el descontento de la sociedad boliviana ante la difícil situación económica actual.
Un grupo numeroso de manifestantes se congregó en la plaza Murillo de La Paz en una protesta que tuvo como eje central el alza de precios de productos básicos, específicamente el aceite comestible, generando un llamado de atención en una de las principales zonas de poder político de Bolivia. La manifestación, que incluyó el peculiar sonido de cacerolas vacías, simbolizando la falta de alimentos, buscaba expresar el malestar de los ciudadanos ante la situación económica actual.

Durante la protesta, se escucharon voces de descontento entre los manifestantes, quienes señalaron la dificultad de adquirir alimentos básicos debido a la constante subida de precios. Una mujer expresó con indignación: “Por el dólar, no hay medicamento, por el dólar no hay comida para darles a nuestros hijos, por el dólar no hay combustible”. Este sentimiento de urgencia y desesperación por la crisis económica se reflejó en las palabras de los participantes, quienes cuestionaron hasta cuándo tendrían que soportar esta situación.

En referencia al precio del aceite comestible, el Gobierno establece que el costo por litro debería ser de Bs 14, sin embargo, en los mercados se observa una venta a precios significativamente más altos, llegando incluso a los Bs 20 y más. Ante esta disparidad, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, denunció prácticas desleales por parte de comerciantes mayoristas, quienes estarían adquiriendo este producto de manera irregular para luego revenderlo con fines lucrativos.

Siles reveló que se ha identificado que los mayoristas están comprando aceite de las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y de supermercados privados, para posteriormente revenderlo a precios elevados. Esta situación ha generado un llamado de atención por parte de las autoridades, quienes han iniciado conversaciones con los gerentes de supermercados para regular la comercialización del aceite comestible y evitar estas prácticas abusivas.

En medio de esta crisis de precios y escasez de productos básicos, la sociedad boliviana busca respuestas concretas por parte de las autoridades, exigiendo medidas que garanticen el acceso a alimentos a precios justos para todos los ciudadanos.
La crisis de precios y escasez de productos básicos en Bolivia ha generado un llamado de atención a las autoridades para tomar medidas que garanticen el acceso a alimentos a precios justos para todos los ciudadanos.

El llamado a la solidaridad y la fe ante la crisis económica en Bolivia.
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, ha levantado su voz de alarma ante el creciente costo de los productos básicos en medio de una crisis económica que afecta a la población boliviana. En su mensaje dominical, hizo un llamado a la solidaridad y a mantener la fe como pilares fundamentales para superar los desafíos actuales.
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, ha manifestado su profunda preocupación por la difícil situación que enfrenta la población ante el constante aumento de precios de los productos de primera necesidad. Durante su homilía dominical, el prelado lamentó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para abordar la crisis económica que está generando tensiones e incertidumbre en la ciudadanía.

En un emotivo discurso, Leigue señaló que el encarecimiento generalizado de los productos ha llevado a que incluso la compra diaria de alimentos se convierta en un desafío para muchas familias. Asimismo, expresó la angustia de la población al no encontrar respuestas claras sobre a quién recurrir en medio de esta situación adversa.

El arzobispo hizo un llamado a mantener la fe y la confianza en Dios como una forma de encontrar consuelo y fortaleza en medio de la crisis. Destacó la importancia de la solidaridad y el amor al prójimo como valores fundamentales para superar los momentos difíciles que atraviesa la sociedad boliviana.

En este sentido, Leigue recordó que, según la doctrina católica, todos los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios y es deber de cada individuo buscar el bien común y el respeto mutuo en medio de las adversidades. Asimismo, enfatizó que las dificultades económicas no son un designio divino, sino consecuencia de decisiones y acciones humanas que requieren ser abordadas desde la responsabilidad y el compromiso social.

El arzobispo instó a la población a mantener la esperanza y a elevar sus oraciones para que las autoridades sean iluminadas y encuentren soluciones efectivas para atender las necesidades del pueblo. Concluyó su mensaje con un llamado a la unidad y la solidaridad, recordando que juntos es posible superar los desafíos que se presentan en el camino, siempre guiados por la fe y la confianza en un futuro mejor.
El arzobispo Leigue insta a la población a mantener la esperanza y la unidad, recordando la importancia de la solidaridad y el amor al prójimo en tiempos de dificultad.

La CEPB insta al Gobierno boliviano a implementar un plan integral de emergencia que aborde de manera efectiva la compleja situación económica que enfrenta el país.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha exigido al Gobierno medidas más estructurales y sostenibles para enfrentar la crisis económica actual. A pesar de reconocer avances positivos en las recientes disposiciones gubernamentales, la organización empresarial considera que las mismas no son suficientes para abordar los problemas de inflación, escasez de alimentos, falta de divisas y desabastecimiento de combustibles que impactan a la población más vulnerable.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha alzado su voz en un pronunciamiento público exigente hacia el Gobierno del país. En su comunicado, la organización empresarial reconoció que si bien las medidas administrativas recientemente anunciadas por el presidente Luis Arce y su gabinete para asegurar el abastecimiento de combustibles y alimentos son un avance positivo, no son suficientes ni estructurales para abordar la compleja situación económica actual que enfrenta Bolivia.

La CEPB resalta la importancia de implementar un plan integral de emergencia que vaya más allá de las medidas a corto plazo y aborde de manera efectiva la inflación, la carestía de alimentos, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles, problemáticas que impactan severamente a los sectores más vulnerables de la población boliviana.

En este sentido, el sector privado insta al Gobierno a respaldar a los sectores generadores de divisas, liberar exportaciones, asegurar un suministro constante de carburantes, garantizar un entorno propicio para la actividad empresarial y dinamizar la economía nacional. La CEPB enfatiza que la colaboración de la Asamblea Legislativa y soluciones duraderas son clave para superar los obstáculos y lograr resultados efectivos en la implementación de cualquier medida.

Para abordar la crisis actual, el Gobierno ha anunciado varias disposiciones, entre las que se incluye el despliegue de más de 1.480 efectivos militares adicionales para combatir el contrabando, así como la imposición de sanciones penales contra la especulación y el agio. Además, se han presentado iniciativas para fomentar la producción agrícola, como la creación de un programa nacional para aumentar la producción de maíz y arroz, con una inversión significativa a lo largo de cinco años.

En el ámbito avícola, se han habilitado fondos de créditos blandos para fortalecer la producción, se autoriza la importación de pollitos bebé y se garantiza la cobertura total de la demanda de combustibles en ciertas regiones del país. Asimismo, se han establecido medidas para evitar la especulación cambiaria, como la prohibición a YPFB de utilizar activos virtuales.

En resumen, la CEPB y el Gobierno boliviano reconocen la urgencia de implementar acciones integrales y sostenibles para hacer frente a las crisis económicas y sociales que aquejan al país, apuntando a medidas estructurales que aborden las raíces de los problemas y no solo sus síntomas superficiales.
Tanto la CEPB como el Gobierno boliviano coinciden en la necesidad de implementar acciones integrales y duraderas para superar las crisis económicas y sociales que afectan al país, buscando soluciones que ataquen las raíces de los problemas y no solo los síntomas superficiales.

La disminución del valor del dólar digital paralelo en Bolivia tras las acciones gubernamentales para contrarrestar la crisis económica.
Tras las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Luis Arce en Bolivia, el dólar digital paralelo ha experimentado una significativa caída, generando un impacto en el panorama económico del país.
El dólar digital paralelo ha experimentado una significativa caída luego de que el presidente Luis Arce anunciara medidas económicas para contrarrestar el incremento de los precios de los alimentos, la escasez de combustible y la devaluación del boliviano. En este sentido, tras el mensaje presidencial en el que se anunció la suspensión de las compras de activos virtuales para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la moneda virtual registró una disminución en su valor en la plataforma Binance, alcanzando los Bs 15,89 después de haber alcanzado un récord histórico de Bs 20 en semanas previas.

El mandatario boliviano presentó un conjunto de 11 medidas junto a su gabinete, resaltando entre ellas la decisión de suspender la posibilidad de adquirir criptoactivos para YPFB, una medida que se señala como la responsable del aumento sin precedentes del dólar digital paralelo. Arce aclaró que, a pesar de que la estatal petrolera tenía la capacidad de realizar estas transacciones, optó por no hacerlo.

Por otra parte, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5404, el cual eleva el límite de internación de divisas al país de $us 10.000 a $us 50.000 con la presentación de un único formulario. Esta medida busca fomentar la llegada de recursos externos en términos de divisas al sistema financiero nacional, según lo afirmado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

A raíz de estos anuncios y decisiones gubernamentales, el panorama económico en Bolivia experimenta cambios significativos, lo que ha generado un impacto directo en el comportamiento del dólar digital paralelo y en las medidas adoptadas para mitigar la crisis económica que afecta al país. La evolución de estas medidas y su repercusión en la economía nacional serán temas de seguimiento en los próximos días.
Las decisiones tomadas por el gobierno boliviano en relación al dólar digital paralelo y otras medidas económicas marcarán un antes y un después en la economía nacional, siendo crucial seguir de cerca su evolución.

Panaderos de la provincia Méndez se ven afectados por el incremento en costos de harina y manteca.
A pesar de las dificultades económicas derivadas del aumento en los precios de insumos clave como la harina y la manteca, los panificadores de Tarija han decidido mantener el precio del pan en dos bolivianos por unidad. Esta decisión ha generado preocupación en el sector, que se ve obligado a tomar medidas drásticas para hacer frente a la crisis.
Los panificadores de la provincia Méndez en Tarija han decidido mantener el precio del pan en dos bolivianos por unidad, a pesar de las dificultades que enfrentan debido al constante aumento de precios en los insumos clave como la harina y la manteca. Esta decisión se tomó luego de una marcha y una reunión con autoridades locales que no lograron llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.

Ilda Sánchez, una de las panificadoras, expresó su preocupación por la situación del sector, señalando que no están generando ganancias debido al incremento en los costos de los insumos básicos como la harina, el azúcar y la manteca. Esta problemática ha llevado a los panificadores a anunciar un paro indefinido como medida de presión hasta que las autoridades encuentren una solución viable.

En la reunión participaron representantes de la Federación de Juntas Vecinales, la Intendencia Municipal y Defensa del Consumidor, donde el alcalde Johnny Torres mencionó que está trabajando en la inclusión de Tarija en el plan nacional de subvención de harina. Actualmente, la región está excluida de este programa, lo que ha generado malestar entre los panificadores locales.

El alcalde Torres cuestionó por qué Tarija no recibe harina subvencionada como otras regiones del país y explicó que, a pesar de las alternativas propuestas por el Gobierno, como cumplir con los requisitos para acceder al subsidio o importar harina de Argentina o Canadá, estas medidas solo representarían una reducción del 10% en los costos.

Por otro lado, se han detectado discrepancias en los precios de la harina importada en diferentes zonas de la región, lo que ha generado una mayor preocupación en el sector. La responsable departamental de Defensa del Consumidor, Silvia Palacios, destacó que se han encontrado diferencias significativas en los precios de la harina y la manteca en distintas localidades, lo que ha contribuido al aumento en los costos de producción para los panaderos.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por encontrar soluciones a esta problemática, los panificadores han manifestado su descontento por la falta de acción concreta para resolver el problema del alza de precios en los insumos básicos. La falta de una normativa que regule los precios del pan y los insumos en el mercado ha complicado aún más la situación, dejando en evidencia la necesidad de una intervención más activa por parte de las autoridades competentes.
La falta de acuerdos entre panificadores y autoridades locales, sumada al aumento en los costos de producción, ha llevado a un escenario de incertidumbre en el sector panadero de Tarija. Es fundamental encontrar soluciones viables para garantizar la sostenibilidad de esta actividad económica en la región.

El dirigente campesino de Tarija, Rivelino Zenteno, expresa su preocupación por el impacto del alza de precios en las comunidades rurales.
El aumento en los precios de insumos agrícolas y productos de primera necesidad está generando inquietud entre los campesinos de Tarija, quienes buscan soluciones para enfrentar esta crisis económica.
El dirigente campesino de Tarija, Rivelino Zenteno, ha manifestado su creciente inquietud ante el progresivo aumento en los precios de insumos agrícolas, abonos, fertilizantes y productos de primera necesidad, lo cual está empezando a impactar de manera significativa a las comunidades rurales del departamento. Zenteno ha señalado que si bien actualmente los precios de los productos agrícolas como la papa y el tomate se mantienen relativamente estables, existe una tendencia al alza que usualmente se agudiza durante la temporada de invierno.

Sin embargo, el mayor desafío al que se enfrentan los agricultores en la región en la actualidad, según las declaraciones de Zenteno, es el constante incremento en el costo de los abonos y fertilizantes, elementos esenciales para la producción agrícola. Esta situación se ve agravada por el encarecimiento de productos básicos que los campesinos adquieren en la ciudad para su consumo y comercialización en las comunidades.

“Los abarrotes que solemos llevar desde la ciudad a nuestras comunidades han experimentado un aumento descontrolado en sus precios, como es el caso del arroz, el aceite, la harina, entre otros productos”, explicó Zenteno. Esta escalada de precios amenaza con impactar negativamente la economía de los campesinos, que ven reducidos sus márgenes de ganancia y enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Ante esta problemática, el dirigente ha anunciado la convocatoria a un ampliado con las bases campesinas con el objetivo de discutir estas preocupaciones y evaluar posibles medidas para hacer frente a la crisis que afecta a los productores rurales. En este espacio de diálogo y análisis se buscarán soluciones que permitan a los agricultores sobrellevar los desafíos económicos actuales y proteger sus medios de subsistencia en un contexto de incertidumbre creciente en el mercado de insumos y productos agrícolas.

En resumen, la incertidumbre económica generada por el aumento en los precios de los insumos agrícolas y productos de primera necesidad está generando un ambiente de preocupación entre los campesinos de Tarija, quienes buscan estrategias para mitigar los efectos negativos de esta tendencia alcista en los costos de producción y consumo en el sector agrícola del departamento.
Ante la escalada de precios, los agricultores se reúnen para discutir medidas que mitiguen los efectos negativos en la producción y consumo agrícola en la región.

Analistas advierten sobre la urgente necesidad de ajustar el aparato estatal ante el déficit fiscal y la caída de ingresos por exportación de gas en el país.
La Fundación Jubileo ha alertado sobre la necesidad de reducir el gasto público en Bolivia para evitar una crisis económica más profunda. Expertos en economía han destacado la importancia de tomar medidas urgentes ante el déficit fiscal y la disminución de ingresos por exportación de gas, instando a los candidatos presidenciales a presentar propuestas concretas para abordar esta problemática.
La Fundación Jubileo ha vuelto a poner sobre la mesa la urgente necesidad de reducir el gasto público en Bolivia, en medio de un escenario económico marcado por el déficit fiscal y la caída de ingresos por exportación de gas. Expertos en economía han advertido que el próximo gobierno enfrentará decisiones difíciles si se pretende evitar que el país profundice su crisis estructural.

Desde hace varias gestiones, analistas y sectores sociales han instado a realizar ajustes en el aparato estatal, sin embargo, el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a estas recomendaciones. Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de Jubileo, ha señalado que el nivel central ha mantenido empresas públicas deficitarias, incrementando el gasto y comprometiendo recursos fiscales sin retorno asegurado.

Ante las elecciones generales del próximo 17 de agosto, Velásquez ha llamado a los candidatos presidenciales a presentar propuestas concretas para reducir el gasto estatal, sin descuidar las políticas sociales que protejan a los sectores más vulnerables. Hasta el momento, ningún binomio ha ofrecido medidas efectivas para abordar esta problemática de fondo.

El analista ha criticado propuestas como ajustar la subvención a los carburantes o vender gasolina a precios irreales, evidenciando la desconexión entre el discurso político y la realidad económica. Velásquez ha enfatizado en que la ciudadanía debe exigir respuestas a los candidatos respecto a esta cuestión.

Además de la crisis fiscal, Jubileo ha expresado preocupación por la caída en la producción de gas natural, principal fuente de ingresos del país en las últimas décadas, lo que anticipa también una crisis energética. Bolivia se enfrenta a la perspectiva de tener que importar energía para satisfacer su demanda interna, lo que pone en riesgo la seguridad y autosuficiencia energética del país.

Diversas instituciones, como Jubileo, el Colegio de Economistas de Tarija y Empresarios Privados, han alertado sobre el incremento del aparato estatal, que en lugar de ajustarse a la nueva realidad económica, ha continuado expandiéndose, especialmente a través de empresas públicas no rentables que dependen del Tesoro General de la Nación. La necesidad de abordar estas cuestiones de manera urgente se vuelve imperativa para evitar una mayor profundización de la crisis económica en Bolivia.
Es fundamental que el próximo gobierno en Bolivia tome decisiones acertadas para reducir el gasto público y evitar una mayor crisis económica en el país. La ciudadanía debe exigir respuestas claras y efectivas de los candidatos respecto a esta cuestión, para garantizar un futuro económico más estable y sostenible.

La empresa se ve obligada a detener proyectos de ampliación de líneas debido al aumento de costos de materiales.
La crisis económica ha llevado a SETAR a tomar medidas drásticas para proteger a los usuarios de un impacto económico adicional, deteniendo nuevos proyectos de ampliación de líneas.
La crisis económica está teniendo un impacto significativo no solo en la población en general, sino también en las instituciones que prestan servicios fundamentales para la comunidad. En este sentido, Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) se ha visto obligado a tomar medidas ante el aumento masivo de los costos de los materiales necesarios para la ejecución de nuevos proyectos de ampliación de líneas.

El gerente de SETAR, Marco, ha anunciado que la empresa ha decidido no incrementar las tarifas hasta octubre de 2026, a pesar del notable aumento en el costo de los materiales de funcionamiento. Esta decisión busca proteger a los usuarios de un impacto económico adicional en un contexto de crisis generalizada.

Sin embargo, esta medida conlleva la consecuencia de que SETAR no podrá llevar a cabo nuevos proyectos de ampliación de líneas en el futuro cercano. Marco ha explicado que la imprevisibilidad en los precios de los materiales ha desalentado a las empresas a participar en las licitaciones que la compañía publica para la ejecución de estos proyectos. La incertidumbre sobre la estabilidad de los costos ha llevado a que muchas empresas decidan no presentarse a las licitaciones, lo que ha resultado en una serie de proyectos paralizados.

Entre los proyectos afectados se encuentra uno de gran importancia en los municipios de Bermejo y Yacuiba, que actualmente se encuentran detenidos debido a la falta de participación de empresas interesadas en asumir la ejecución de las obras. Esta situación refleja los desafíos que enfrentan las instituciones públicas y privadas en un entorno económico volátil y marcado por la incertidumbre.

La situación de SETAR pone de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones creativas y sostenibles para hacer frente a los desafíos económicos actuales, garantizando al mismo tiempo la continuidad y calidad de los servicios prestados a la comunidad.
La situación de SETAR evidencia los desafíos que enfrentan las empresas en un entorno económico volátil, destacando la necesidad de encontrar soluciones sostenibles para garantizar la continuidad de los servicios.

Mario Castillo convoca a una marcha para visibilizar el malestar de la población tarijeña ante la falta de soluciones del Gobierno.
La convocatoria a una marcha de jubilados en Tarija refleja la preocupación y el descontento de la sociedad ante la crisis económica que afecta al departamento. Mario Castillo, líder de la iniciativa, busca llamar la atención sobre la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades gubernamentales para abordar los problemas que aquejan a la población.
La grave situación económica que afecta al departamento de Tarija ha llevado al ciudadano Mario Castillo a convocar a todos los jubilados asociados a nivel departamental a participar en una marcha organizada por la Federación de Juntas Vecinales. La movilización, programada para el próximo lunes a las 8:00 de la mañana, tendrá lugar en el mástil grande, junto a Agrupa, en la carretera a Tomatitas.

En un llamado urgente, Castillo hizo un llamamiento a los jubilados para unirse a esta protesta con el objetivo de visibilizar el malestar de la población ante la falta de soluciones por parte del Gobierno. En particular, destacó la importancia de la participación activa de las mujeres jubiladas, instándolas a llevar “las ollas vacías” como símbolo de la crítica situación que atraviesa Tarija y el país en general. Explicó que la dependencia de productos importados de Argentina ha impactado significativamente en la canasta familiar, afectando a todos los habitantes de la región.

Castillo expresó su preocupación por la escasez de combustible y las largas colas en las gasolineras, factores que contribuyen a un aumento en el costo de vida. Asimismo, manifestó la intención de protestar contra el Gobierno por su incapacidad para encontrar soluciones efectivas a los problemas que aquejan a la población tarijeña.

En un último llamado, el convocante solicitó el respaldo del Alcalde y del Gobernador para intervenir en la regulación de precios y detener la especulación que agrava la situación económica. En este contexto de crisis, subrayó la necesidad de medidas concretas y urgentes para hacer frente al difícil panorama que enfrentan los habitantes de Tarija.

La convocatoria a esta marcha refleja el descontento y la preocupación de la sociedad tarijeña ante la crisis económica que no encuentra soluciones efectivas por parte de las autoridades gubernamentales.
La movilización de los jubilados en Tarija es un llamado de atención a las autoridades para que tomen medidas concretas y urgentes que contribuyan a mejorar la situación económica en la región. Es necesario que se atienda el malestar de la población y se busquen soluciones efectivas para garantizar el bienestar de todos los habitantes de Tarija.