La Fiscalía guatemalteca solicita la extradición de la fiscal general de Colombia y el embajador colombiano en el Vaticano por presunto favorecimiento a Odebrecht.
La Fiscalía de Guatemala ha emitido órdenes de captura y solicitado la extradición de dos altos funcionarios colombianos, Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano, por acusaciones de favorecimiento ilegal a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción millonaria.
La Fiscalía de Guatemala ha emitido órdenes de captura y solicitado la extradición de dos altos funcionarios colombianos, Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano. Estas acciones se dan en el marco de acusaciones de favorecimiento ilegal a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción que se remonta a la pasada década, generando pérdidas millonarias al Estado guatemalteco.

Las acusaciones apuntan a su período trabajando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que investigó redes de corrupción en el país entre 2007 y 2019. Durante su gestión, Velásquez y Camargo lideraron investigaciones que llevaron a la prisión a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares por corrupción.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Velásquez y Camargo de haber negociado acuerdos judiciales irregulares con Odebrecht, siendo también señalada la falta de transparencia en dichos acuerdos. Se les imputan cargos como asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.

La FECI sostiene que estos acuerdos con Odebrecht habrían beneficiado injustamente a la empresa, causando un daño económico de aproximadamente US$390 millones al Estado guatemalteco. Entre las pruebas presentadas se encuentran correos electrónicos, grabaciones, testimonios y la declaración de un testigo protegido.

Además de Velásquez y Camargo, otros exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público guatemalteco están señalados en la acusación, sumando un total de 26 personas. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal autorizó la emisión de órdenes de captura internacionales, solicitando la extradición de ambos a Guatemala.

Estas órdenes de captura han generado reacciones tanto en Colombia como en Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo ha rechazado las medidas por considerarlas arbitrarias y contrarias a acuerdos internacionales. Se ha señalado que las tensiones entre la CICIG y el gobierno guatemalteco durante el mandato de Jimmy Morales podrían estar relacionadas con estas acciones judiciales.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ha defendido a Velásquez y Camargo, señalando que las órdenes de arresto buscan intimidar a aquellos que lucharon contra la corrupción. La situación ha generado críticas y preocupación en la comunidad internacional, que observa de cerca el rumbo del sistema judicial en Guatemala tras el cierre de la CICIG en 2019.
Las acciones de la Fiscalía de Guatemala contra los altos funcionarios colombianos por presunto favorecimiento a Odebrecht han generado tensiones diplomáticas y críticas internacionales, poniendo en entredicho la lucha contra la corrupción en la región.

Entrevista con el Fiscal General del Estado revela estrategias para fortalecer la persecución de delitos de alto impacto.
El Ministerio Público de Bolivia ha dado un paso importante en la lucha contra la criminalidad al anunciar la creación de nueve Fiscalías Especializadas. Estas nuevas entidades estarán enfocadas en la persecución de delitos como el narcotráfico, la corrupción, la violencia sexual y la trata de personas, con el objetivo de desarticular estructuras delictivas y garantizar resultados efectivos.
El Ministerio Público ha anunciado la implementación de nueve Fiscalías Especializadas con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad en Bolivia. En una entrevista con Los Tiempos, Roger Mariaca, Fiscal General del Estado, explicó que esta iniciativa busca enfocar la persecución de delitos de alto impacto, como el narcotráfico, la corrupción, la violencia sexual y la trata de personas, con métodos especializados para garantizar resultados efectivos en la desarticulación de estructuras delictivas.

Según Mariaca, las Fiscalías Superiores jugarán un papel fundamental en la persecución estratégica de estos delitos, liderando investigaciones y llevando a cabo un litigio estratégico en los casos más complejos y de mayor relevancia social. Estos fiscales no solo supervisarán, sino que intervendrán activamente en la dirección de investigaciones, lo que fortalecerá la capacidad operativa del Ministerio Público y elevará los estándares técnicos y profesionales de la institución.

En cuanto a la preparación de los fiscales superiores, Mariaca destacó que han sido seleccionados rigurosamente por su profesionalismo, capacidad técnica y experiencia en el área. Recibirán una formación especializada en técnicas avanzadas de investigación criminal, litigación estratégica, cooperación internacional y aplicación de la tecnología, con el objetivo de mejorar la eficacia en la lucha contra la criminalidad.

Esta nueva modalidad de Fiscalías forma parte de la política criminal del país y representa un avance significativo en la estrategia para enfrentar la criminalidad de manera efectiva. Se espera que esta iniciativa fortalezca la persecución penal en delitos de alta complejidad, optimice el desempeño del Ministerio Público y brinde una respuesta eficiente ante la sofisticación y transnacionalidad de la criminalidad, consolidando a la institución como una entidad moderna y comprometida con el Estado de derecho.
La implementación de las nuevas Fiscalías Especializadas representa un avance significativo en la estrategia para enfrentar la criminalidad en Bolivia. Con fiscales superiores seleccionados rigurosamente y formados en técnicas avanzadas de investigación criminal, se espera que esta iniciativa fortalezca la persecución penal en delitos de alta complejidad y eleve los estándares técnicos y profesionales del Ministerio Público.

El precandidato presidencial del Movimiento al Socialismo busca probar su inocencia ante las acusaciones y divisiones internas en el partido.
El líder del Senado y precandidato presidencial del MTS, Andrónico Rodríguez, ha dado un paso al frente para enfrentar las acusaciones de corrupción que lo han rodeado desde el 2022. En un video dirigido a su región de origen, desafió a sus críticos a presentar pruebas concretas en un plazo de 24 horas, buscando demostrar su inocencia y promover la unidad dentro de su partido.
El precandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MTS) y actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha tomado una posición pública para abordar las acusaciones de corrupción que lo han afectado desde el año 2022. En un video dirigido a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y a los 300 mil habitantes de esa región, Rodríguez desafió a quienes lo acusan de traición a presentar pruebas concretas en un plazo de 24 horas.

En sus declaraciones, Rodríguez hizo un llamado a detener los ataques y trabajar juntos hacia un objetivo común, enfatizando que él y el expresidente Evo Morales no son enemigos, sino compañeros. El líder del Senado también resaltó la importancia de la unidad y la humildad en la política, buscando poner fin a la confrontación interna dentro del partido.

Por otro lado, el senador evista Leonardo Loza respondió a las declaraciones de Rodríguez, señalando que este último parece estar nervioso y cuestionando su autoridad para imponer plazos y exigir lealtad. Loza criticó la gestión de Rodríguez en los últimos años, argumentando que no ha realizado contribuciones significativas al país ni ha logrado controlar la actuación de sus subalternos.

Las tensiones dentro del MTS parecen estar en aumento, con diferentes facciones expresando opiniones divergentes sobre el liderazgo y la dirección del partido. La postura de Rodríguez de desafiar a sus críticos a presentar pruebas concretas podría marcar un punto de inflexión en su carrera política, dependiendo de cómo se desarrolle la respuesta a su petición. La incertidumbre y la división en el MTS podrían tener un impacto significativo en el panorama político boliviano de cara a las próximas elecciones presidenciales.
La postura de Andrónico Rodríguez de desafiar a sus acusadores marca un momento crucial en su carrera política y en el futuro del MTS. Las tensiones y divisiones internas podrían tener un impacto significativo en el panorama político boliviano de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, toma medidas ante casos de presuntas irregularidades en su equipo de campaña.
El presidente del Senado y precandidato presidencial, Andrónico Rodríguez, anunció la decisión de apartar temporalmente a dos miembros de su equipo de campaña en medio de investigaciones por presuntas violaciones y vínculos con el narcotráfico. Ante la incertidumbre, Rodríguez llamó a mantener la calma y aseguró que su alianza política enfrenta una batalla legal contra lo que él describe como una corporación de poder.
El presidente del Senado y precandidato presidencial, Andrónico Rodríguez, anunció el sábado la decisión de apartar temporalmente a Mario Cronenbold de su cargo como jefe de campaña y a Israel Quino como asesor jurídico, en medio de investigaciones en su contra. Aunque no reveló detalles específicos sobre los casos que motivaron esta medida, medios de comunicación reportaron que Quino enfrenta una denuncia por presunta violación a una tía y sobrina, un asunto aún bajo investigación en La Paz.

Por otro lado, la Fiscalía de Santa Cruz está investigando posibles vínculos de Cronenbold con el narcotraficante brasileño Marco Roberto de Almeida, conocido como “Tuta”, miembro del Primer Comando Capital (PCC), quien recientemente fue capturado en las oficinas del SEGIP mientras intentaba obtener documentos falsos antes de ser extraditado a Brasil.

En una declaración publicada en su cuenta de Facebook, Rodríguez destacó la importancia de mantener la calma ante la incertidumbre, mencionando que se enfrentan a una batalla legal contra una supuesta corporación de poder que busca dañar el sistema democrático del país. Asimismo, señaló que su alianza política ha sido blanco de ataques y evaluaciones constantes por parte de diversos medios y actores políticos.

En relación a la situación de Quino y Cronenbold, el líder político enfatizó que se ha decidido apartarlos temporalmente para evitar contaminar los temas políticos y permitir que las investigaciones en su contra avancen sin interferencias. Rodríguez afirmó que la reciente ofensiva contra su alianza política tiene como verdadero propósito dañar su imagen personal.

Finalmente, convocó a sus seguidores a mantenerse alerta y activos, anunciando que en los próximos días se tomarán decisiones colectivas para hacer frente a la situación actual.
El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, ha decidido apartar a dos miembros de su equipo de campaña para permitir que las investigaciones en su contra avancen sin interferencias. Rodríguez llama a mantener la calma y anuncia que en los próximos días se tomarán decisiones colectivas para enfrentar la situación actual.

El mayor Javier Jesús Soliz enfrenta detención preventiva por vínculos con narcotraficante brasileño.
El exjefe de inteligencia de la Felcv de Santa Cruz, mayor Javier Jesús Soliz, se encuentra en detención preventiva tras ser vinculado a un importante narcotraficante brasileño. Este escándalo ha generado conmoción en la opinión pública boliviana.
El exjefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, mayor Javier Jesús Soliz, enfrenta un periodo de detención preventiva de 90 días tras ser vinculado a Marco Roberto de Almeida, alias “Tuta”, miembro del Primer Comando Capital (PCC) y uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil. La audiencia cautelar reveló que existen suficientes elementos de convicción que lo incriminan en delitos como uso indebido de influencias y de bienes del Estado.

El fiscal Alexander Mendoza detalló que el mayor Soliz acompañó a “Tuta” hasta las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en Santa Cruz para tramitar la renovación de un documento de identidad falso, lo que desencadenó su arresto. Las autoridades continúan la búsqueda del tramitador que habría facilitado la obtención de este documento.

El Ministerio Público presentó una apelación alegando que los 90 días de detención preventiva podrían ser insuficientes para completar todas las investigaciones necesarias y tomar declaraciones pertinentes. Mientras se resuelve esta apelación, el mayor Soliz permanecerá en el penal de Palmasola.

El desenlace de este caso tuvo lugar luego de que las autoridades revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraban al oficial junto a “Tuta” en las instalaciones del SEGIP. En su declaración, Soliz afirmó haber conocido al ciudadano brasileño en la calle y aseguró no tener conocimiento de sus antecedentes relacionados con el narcotráfico.

Este escándalo ha generado conmoción en la opinión pública, pues la presunta implicación de un exjefe de inteligencia en actividades vinculadas al crimen organizado pone de manifiesto la complejidad de las redes de corrupción y la infiltración del narcotráfico en instituciones estatales. Las autoridades han reafirmado su compromiso con la lucha contra el crimen y la corrupción, buscando desmantelar estas estructuras que socavan la seguridad y la legitimidad del Estado.
El caso de Javier Jesús Soliz pone de manifiesto la complejidad de las redes de corrupción en Bolivia y la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la infiltración del narcotráfico en instituciones estatales.

La diputada Esther Sánchez revela las acciones legales en curso contra autoridades municipales de Tarija por supuesta corrupción.
La Fiscalía ha formalizado la imputación contra Gonzalo Del Carpio, director de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de Tarija, en medio de un escenario de presunta corrupción que ha generado gran interés público.
La diputada Esther Sánchez, representante de Comunidad Ciudadana (CC), ha revelado que el Ministerio Público ha formalizado la imputación contra Gonzalo Del Carpio, director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por supuesto uso indebido de influencias. Esta acción legal es parte de una serie de procesos que se han iniciado en contra de diversas autoridades y funcionarios de la entidad municipal, en medio de un escenario de presunta corrupción.

En concreto, la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares de carácter personal para el imputado, mientras se espera la programación de una audiencia para determinar dichas medidas. La denuncia en cuestión se remonta a enero de 2011, cuando, según informes, a través de un documento privado de compra venta, una parte adquirió 17 lotes situados en el manzano N, dentro de la zona conocida como Cabeza de Toro, en la urbanización Las Retamas.

Este caso ha generado un notable interés en la opinión pública debido a las implicaciones que podría tener en términos de transparencia y legalidad en la gestión de los recursos municipales. La imputación de Del Carpio y las investigaciones en curso ponen de manifiesto la importancia de velar por la integridad en la administración pública y de garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades se rijan por principios éticos y legales.

Es fundamental que se esclarezcan los hechos y que se aplique la justicia de manera imparcial y diligente, para así restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales locales. Este caso específico evidencia la necesidad de una supervisión constante y efectiva de las acciones de los funcionarios públicos, a fin de prevenir posibles actos de corrupción y garantizar un ejercicio responsable del poder en beneficio de la comunidad.
Es imperativo que se esclarezca este caso y se aplique la justicia de forma imparcial para restaurar la confianza en las instituciones locales y prevenir futuros actos de corrupción.