El presidente Luis Arce implementa medidas para combatir el contrabando y garantizar el suministro de combustibles y alimentos en el país.
El Gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia de interdicción en tres niveles para combatir el contrabando y proteger la economía y la seguridad alimentaria del país. Con la implementación de 11 medidas, el presidente Luis Arce busca garantizar el suministro de combustibles y alimentos, evitando la salida de productos ilegales desde las fronteras hasta su venta final.
El Gobierno nacional ha intensificado su lucha contra el contrabando con una estrategia de interdicción en tres niveles, como parte de un conjunto de 11 medidas implementadas por el presidente Luis Arce para garantizar el suministro de combustibles y alimentos en el país. Según el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, esta nueva estrategia busca evitar la salida de productos ilegales desde las fronteras hasta su venta final, con el propósito de proteger la economía nacional y la seguridad alimentaria.

Esta estrategia de interdicción se divide en tres líneas de acción. En primer lugar, se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas y la Aduana Nacional en puntos fronterizos, llevando a cabo operativos para evitar la entrada de mercancía ilegal. En segundo lugar, se están instalando puntos de inspección en las principales rutas del país, tanto en las vías principales como en las secundarias, para evitar el transporte y distribución de productos de contrabando.

La tercera línea de acción se centra en la vigilancia de los mercados y centros de distribución, en colaboración con los gobiernos municipales y el Comité de Seguridad Alimentaria, con el objetivo de identificar y detener la venta de mercancía ilegal en estos lugares.

Además, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando ha puesto en marcha una unidad de supervisión y control para fiscalizar las actividades del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando, garantizando la transparencia de los operativos y detectando posibles irregularidades. Esta unidad se encarga de verificar el comportamiento de los efectivos militares y de identificar cualquier indicio de corrupción que pueda estar asociado con el contrabando.

En este sentido, el viceministro Velásquez ha enfatizado que no se tolerarán actos de corrupción en el cuerpo operativo y que se tomarán medidas enérgicas contra aquellos que incurran en estas prácticas ilícitas. La lucha contra el contrabando se presenta como una prioridad para el Gobierno, con el objetivo de proteger la economía nacional y garantizar la seguridad alimentaria de la población.
La lucha contra el contrabando se presenta como una prioridad para el Gobierno, con el objetivo de proteger la economía nacional y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Se han intensificado los operativos en puntos fronterizos, rutas de transporte y mercados, con la supervisión constante para prevenir actos de corrupción.

El comercio ilícito internacional sigue representando un grave problema en la región, con consecuencias que van más allá de lo económico.
El contrabando continúa siendo una preocupación en países de Sudamérica, afectando tanto la economía como la salud pública. Durante un foro reciente, se discutieron los peligros asociados al ingreso de medicamentos sin control sanitario y se propusieron medidas para abordar este desafío.
El contrabando continúa representando un desafío no solo económico, sino también de salud pública en muchos países de Sudamérica, como quedó en evidencia durante el foro “Lucha Contra el Comercio Ilícito Internacional” organizado por el Consejo Sudamericano de Cámaras de Lucha Contra el Comercio Ilícito, en el marco de las acciones impulsadas por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia.

Durante este evento, representantes de Perú, Chile y Bolivia discutieron los peligros asociados al contrabando, especialmente en lo que respecta al ingreso de medicamentos sin control sanitario, muchos de ellos caducados, adulterados o falsificados, con potenciales efectos adversos para la salud de la población.

Según Gonzalo Morales, presidente de la Cámara de Industrias boliviana, las pérdidas generadas por el contrabando en Bolivia durante el año 2024 superaron los 3.300 millones de dólares, lo que resalta la magnitud del problema y la urgencia de abordarlo de manera efectiva.

En este contexto, los industriales de la región propusieron diversas medidas para hacer frente a esta problemática. Entre las propuestas planteadas se destaca el registro de botellas propias de la industria ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) como una medida de corto plazo, así como la modificación del artículo 193 del Código Penal para imponer penas más severas, como hasta ocho años de prisión para los contrabandistas, a mediano plazo.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, compartió algunos resultados de los operativos realizados, resaltando el incremento del contrabando inverso y el decomiso de grandes cantidades de alimentos, como las más de 75 toneladas de carne de res y cerdo destinadas a Perú. Velásquez subrayó la peligrosidad de estas operaciones ilícitas, que involucran a organizaciones criminales armadas con artefactos como miguelitos, dinamita, piedras, palos y armamento de diverso calibre.

En términos humanos, el combate al contrabando ha tenido un alto costo, con la lamentable pérdida de 17 militares, 286 uniformados heridos y ocho incapacitados, sumando un total de 311 afectados en esta lucha contra el comercio ilegal. En ese sentido, la Sociedad de Industrias de Perú identificó a las regiones de Tacna y Puno como puntos críticos en su país en cuanto a comercio ilícito se refiere.

Además, durante una visita a la Feria 16 de Julio en El Alto, Bolivia, se constató la magnitud del comercio informal en la región, donde la presidenta de la CNI, Silvia Hooker, resaltó la necesidad de encontrar nuevas formas de integrar a estos actores a la economía formal. Asimismo, el presidente de la CNI destacó la impresionante envergadura de esta feria, que se erige como la más grande e informal de Latinoamérica, generando interés tanto a nivel local como internacional.

En resumen, el contrabando sigue representando una amenaza multidimensional en la región, con implicaciones que van desde pérdidas económicas significativas hasta riesgos para la salud pública y la seguridad de quienes participan en su combate. La colaboración entre países y la implementación de medidas eficaces parecen ser clave para abordar este desafío de manera integral y sostenible en el tiempo.
La lucha contra el contrabando requiere de una colaboración efectiva entre países y la implementación de medidas contundentes para combatir este problema de manera integral.

El contrabando de tomate peruano amenaza la sostenibilidad de los productores locales en Tarija.
La Asociación de Productores de Tomate de Tarija alerta sobre la grave crisis que enfrentan los agricultores locales debido a la entrada masiva de tomate peruano en el mercado nacional. Los altos costos de producción y la competencia desleal están generando pérdidas significativas para los productores de la región.
Los productores de tomate en la región de Tarija se encuentran enfrentando una grave crisis durante la temporada de cosecha debido al creciente problema del contrabando. La Asociación de Productores de Tomate de Tarija ha hecho sonar la alarma ante la entrada masiva de tomate peruano en el mercado nacional, lo que está afectando severamente a los agricultores locales. Demetrio Camacho, dirigente de esta asociación, ha expresado su preocupación por la difícil situación que están atravesando, señalando que los costos de producción han aumentado significativamente mientras que los precios en el mercado no reflejan esta realidad.

Antes, producir una caja de tomate requería un gasto de alrededor de 30 bolivianos, pero en la actualidad los productores están incurriendo en costos que oscilan entre los 50 y 60 bolivianos por caja. A pesar de estos elevados costos, el precio al que están vendiendo las cajas de tomate, alrededor de 50 bolivianos, está por debajo de los costos de producción, lo que está generando pérdidas significativas para los agricultores de la región.

Una tendencia preocupante que ha sido señalada por Camacho es la disminución en la superficie cultivada de tomate en Tarija en los últimos años. Mientras que en el pasado se llegaban a cultivar hasta 208 hectáreas de tomate en las comunidades, el año pasado esta cifra se redujo a tan solo 105 hectáreas, y en el presente año ni siquiera se ha alcanzado las 80 hectáreas. Esta reducción en la superficie cultivada evidencia el impacto negativo que el contrabando y los altos costos de producción están teniendo en la actividad agrícola de la región.

Además, se ha destacado la falta de incentivos por parte del Estado y la competencia desleal que representa el contrabando como factores que están desmotivando a los agricultores locales a seguir produciendo tomate en la región de Tarija. Ante esta situación crítica, los productores continúan en alerta y buscan soluciones que les permitan hacer frente a este desafiante escenario que pone en riesgo la sostenibilidad de la producción de tomate en la región.
Los agricultores de Tarija continúan en alerta ante la difícil situación que atraviesan, buscando soluciones para hacer frente al contrabando y a los altos costos de producción que amenazan la sostenibilidad de la producción de tomate en la región.

Juan Carlos Rodríguez advierte sobre la disminución de precios y aumento de costos que afectan a los agricultores locales.
El director del Centro de Recursos Agrícolas de Tarija (CRAMA), Juan Carlos Rodríguez, ha expresado su preocupación por la difícil situación que enfrenta el sector productivo en el departamento. La disminución de precios, el aumento de costos y la entrada de mercancía de contrabando amenazan la sostenibilidad de la producción agrícola en la región.
El director del Centro de Recursos Agrícolas de Tarija (CRAMA), Juan Carlos Rodríguez, ha expresado una profunda preocupación por la difícil situación que enfrenta el sector productivo en el departamento de Tarija. Rodríguez ha alertado sobre la disminución de los precios de los productos locales, en contraste con el aumento de los costos de los insumos y la entrada de mercancía de contrabando en el mercado.

Según las declaraciones de Rodríguez, los precios de productos agropecuarios como hortalizas y tubérculos han experimentado una tendencia a la baja, impactando negativamente a los productores locales. Como ejemplo, el precio de la caja de tomates ha disminuido significativamente, pasando de 50 bolivianos en 2018 a 30 bolivianos en la actualidad, lo que supone una pérdida considerable para los agricultores de la región.

El director del CRAMA también ha destacado que los costos de producción han aumentado considerablemente, atribuyendo este incremento al tipo de cambio del dólar. Rodríguez señaló que los precios de los insumos importados han aumentado hasta un 150 por ciento debido a la fluctuación de la moneda extranjera, lo que ha impactado directamente en la rentabilidad de los agricultores locales.

En este contexto, Rodríguez ha instado a las autoridades gubernamentales a establecer una mayor coordinación con el sector productivo para abordar estos desafíos. El director del CRAMA ha solicitado la colaboración del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para combatir el ingreso de productos de contrabando que afectan los precios locales y ponen en riesgo la sostenibilidad de la producción en Tarija.

En conclusión, la situación actual del sector productivo en Tarija requiere de acciones coordinadas y decisiones estratégicas por parte de las autoridades competentes para proteger los intereses de los productores locales y garantizar la viabilidad de la actividad agrícola en la región.
Es imperativo que las autoridades gubernamentales tomen medidas urgentes para apoyar al sector productivo en Tarija y proteger los intereses de los agricultores locales frente a los desafíos actuales.

El Gobierno boliviano y las fuerzas militares trabajan en conjunto para proteger la economía nacional y el mercado interno.
En un esfuerzo por combatir el contrabando que afecta la economía nacional, las fuerzas militares de Bolivia han intensificado los operativos en el puesto fronterizo de Pajchani, siguiendo las directrices del presidente Luis Arce.
Las fuerzas militares han intensificado los operativos de control en el puesto fronterizo de Pajchani, como parte de las medidas implementadas para combatir el contrabando que está afectando significativamente al mercado interno. Este refuerzo en la vigilancia responde a las directrices recientemente anunciadas por el presidente Luis Arce, con el objetivo de proteger la economía nacional y a los productores locales.

Según fuentes militares desplegadas en la zona, los operativos se están llevando a cabo de manera constante, con un apoyo logístico reforzado para asegurar la efectividad de las acciones. El foco principal de estos controles es detener el contrabando de alimentos, ropa y combustibles, productos que están ingresando de forma ilegal al país y que están generando un impacto negativo en la producción nacional y en la estabilidad de los precios internos.

El contrabando se ha identificado como un problema que está perjudicando gravemente a Bolivia, por lo que las fuerzas militares están trabajando en línea con las directrices del Gobierno central para combatir esta actividad ilícita. La misión es clara: proteger el mercado interno y garantizar el cumplimiento de la ley en todas las instancias.

Además, se ha anunciado que estos operativos se mantendrán en curso en coordinación con otras instituciones estatales, con el fin de fortalecer las acciones y maximizar los resultados en la lucha contra el contrabando. Se ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando en las zonas fronterizas, con el objetivo de fortalecer la efectividad de las medidas implementadas.

En resumen, el Gobierno boliviano está tomando medidas concretas para hacer frente al contrabando y proteger la economía nacional, trabajando en conjunto con las fuerzas militares y otras entidades estatales para garantizar el éxito de estas acciones orientadas a fortalecer el mercado interno y hacer cumplir la ley en todo el país.
El Gobierno boliviano está tomando medidas concretas para combatir el contrabando y proteger la economía nacional, trabajando en colaboración con las fuerzas militares y otras entidades estatales.