Manifestantes en La Paz expresan su malestar ante la crisis económica y la especulación de precios.
Una protesta en la plaza Murillo de La Paz reunió a ciudadanos indignados por el aumento de precios de productos básicos, destacando el aceite comestible. La manifestación reflejó el descontento de la sociedad boliviana ante la difícil situación económica actual.
Un grupo numeroso de manifestantes se congregó en la plaza Murillo de La Paz en una protesta que tuvo como eje central el alza de precios de productos básicos, específicamente el aceite comestible, generando un llamado de atención en una de las principales zonas de poder político de Bolivia. La manifestación, que incluyó el peculiar sonido de cacerolas vacías, simbolizando la falta de alimentos, buscaba expresar el malestar de los ciudadanos ante la situación económica actual.

Durante la protesta, se escucharon voces de descontento entre los manifestantes, quienes señalaron la dificultad de adquirir alimentos básicos debido a la constante subida de precios. Una mujer expresó con indignación: “Por el dólar, no hay medicamento, por el dólar no hay comida para darles a nuestros hijos, por el dólar no hay combustible”. Este sentimiento de urgencia y desesperación por la crisis económica se reflejó en las palabras de los participantes, quienes cuestionaron hasta cuándo tendrían que soportar esta situación.

En referencia al precio del aceite comestible, el Gobierno establece que el costo por litro debería ser de Bs 14, sin embargo, en los mercados se observa una venta a precios significativamente más altos, llegando incluso a los Bs 20 y más. Ante esta disparidad, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, denunció prácticas desleales por parte de comerciantes mayoristas, quienes estarían adquiriendo este producto de manera irregular para luego revenderlo con fines lucrativos.

Siles reveló que se ha identificado que los mayoristas están comprando aceite de las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y de supermercados privados, para posteriormente revenderlo a precios elevados. Esta situación ha generado un llamado de atención por parte de las autoridades, quienes han iniciado conversaciones con los gerentes de supermercados para regular la comercialización del aceite comestible y evitar estas prácticas abusivas.

En medio de esta crisis de precios y escasez de productos básicos, la sociedad boliviana busca respuestas concretas por parte de las autoridades, exigiendo medidas que garanticen el acceso a alimentos a precios justos para todos los ciudadanos.
La crisis de precios y escasez de productos básicos en Bolivia ha generado un llamado de atención a las autoridades para tomar medidas que garanticen el acceso a alimentos a precios justos para todos los ciudadanos.

El Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas liderado por el INIAF beneficia a la comunidad de Patujú con la siembra de 2.145 plantines de palma aceitera.
La comunidad de Patujú en Bolivia ha recibido una importante entrega de plantines de palma aceitera como parte de un programa para fortalecer la producción local y reducir la dependencia de importaciones. Esta iniciativa, liderada por el INIAF, busca potenciar la producción de biodiésel y abastecer la demanda de diversos sectores, especialmente el agro.
En una iniciativa que busca potenciar la producción local y reducir la dependencia de importaciones, la comunidad de Patujú, ubicada en el municipio beniano de San Andrés, ha recibido un total de 2.145 plantines de palma aceitera. Estas plantas tienen como destino las plantas de producción de biodiésel, con el objetivo de abastecer la demanda de diversos sectores, en especial el agro.

La entrega de estos plantines se llevó a cabo en el marco del Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas (PFEO), una iniciativa liderada por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). En esta primera entrega, se contempló la siembra de 15 hectáreas, con la participación activa de 30 beneficiarios locales. Es importante destacar que la comunidad de Patujú colaboró en esta acción, aportando un camión para el traslado de los plantines como parte de su contraparte en el proyecto.

Con una visión a largo plazo, la comunidad ha desarrollado una carpeta técnica detallada que proyecta la atención de un total de 116 hectáreas, lo que beneficiará a 58 productores locales. Este ambicioso plan ha sido posible gracias al trabajo conjunto de todo el equipo técnico de la Regional Llanuras, quienes han brindado su expertise para garantizar el éxito de esta iniciativa.

En el marco de la entrega de los plantines, se llevó a cabo una charla técnica en el vivero Remanso del Paraíso, donde funcionarios especializados brindaron información relevante sobre las mejores prácticas para la plantación en campo definitivo. Este enfoque en la capacitación y la implementación de técnicas sostenibles refleja el compromiso de la comunidad y las autoridades locales con una producción responsable y respetuosa del medio ambiente.

Este paso significativo en la promoción de cultivos locales y sostenibles no solo beneficiará a la comunidad de Patujú, sino que también contribuirá al desarrollo económico y ambiental de la región de San Andrés. Con acciones concretas como esta, se sientan las bases para un futuro más próspero y autosuficiente para las comunidades rurales de Bolivia.
La entrega de estos plantines de palma aceitera en Patujú marca un paso significativo hacia la autosuficiencia y el desarrollo sostenible en la región de San Andrés en Bolivia. El compromiso de la comunidad y las autoridades locales con prácticas responsables y sostenibles sienta las bases para un futuro más próspero y ambientalmente consciente.

El fiscal general del Estado reitera su apoyo al Tribunal Supremo Electoral en medio de un clima de tensión política en el país.
El Ministerio Público de Bolivia ha anunciado su compromiso de vigilar de cerca cualquier situación que pueda poner en riesgo el orden constitucional durante las movilizaciones previstas en la ciudad de La Paz y otras regiones del país. El fiscal general, Roger Mariaca, ha asegurado que estarán atentos a cualquier detención realizada por la Policía boliviana en el marco de mantener el orden público.
El Ministerio Público ha manifestado su compromiso de estar vigilante ante cualquier caso de vulneración al orden constitucional que pueda surgir en la ciudad de La Paz u otras regiones del país debido a las movilizaciones previstas para la próxima semana. En este sentido, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha reiterado la disposición de brindar apoyo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el desarrollo de las elecciones generales.

Mariaca ha enfatizado que, en caso de que se produzcan detenciones por parte de la Policía boliviana en el marco de su labor de mantener el orden público, el Ministerio Público estará atento para iniciar los procesos correspondientes, ya sea en La Paz o en cualquier otra región del país. Esta declaración se produce en un contexto en el que los sectores afines a Evo Morales y Andrónico Rodríguez han anunciado marchas y bloqueos de caminos, lo que ha llevado al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, a asegurar que la Policía se encargará de resguardar la seguridad y el orden democrático en el país.

El fiscal general ha recordado que es responsabilidad de las fuerzas del orden garantizar la seguridad y el orden público en cumplimiento de lo establecido por la Constitución, especialmente en un momento crucial como el actual en el que se busca garantizar un proceso electoral transparente y seguro de cara a las elecciones del 17 de agosto. Estas declaraciones reflejan el clima de tensión y vigilancia que se vive en Bolivia en medio de la preparación para los comicios, en los que las autoridades buscan evitar cualquier incidencia que pueda poner en riesgo la estabilidad y la democracia del país.
En medio de la preparación para las elecciones generales del 17 de agosto, el Ministerio Público de Bolivia se mantiene vigilante ante cualquier situación que pueda afectar la estabilidad democrática del país. Es fundamental garantizar un proceso electoral transparente y seguro en un contexto de tensiones políticas.

La Aduana Nacional de Bolivia avanza en la expansión y mejora de la VUCE para optimizar los procesos de importación y exportación.
La Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia experimenta una importante modernización que busca simplificar y agilizar los trámites aduaneros, posicionando al país como un referente en la digitalización del comercio exterior en la región.
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de la Aduana Nacional de Bolivia se encuentra en proceso de expansión y modernización con el objetivo de agilizar los trámites aduaneros. Según datos reportados hasta mayo de 2025, la Aduana ha logrado emitir un total de 1.317 certificados y ha acumulado 37.917 visitas en su plataforma digital.

La creación de la VUCE responde al compromiso adquirido por Bolivia al ratificar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la Ley 998 de 2017. Este proyecto, iniciado en 2021 por instrucción del presidente Luis Arce, culminó con la presentación oficial de la plataforma el 30 de septiembre de 2024, tras la aprobación del Decreto Supremo 5211 el 28 de agosto de ese mismo año.

La VUCE permite a los operadores de comercio exterior gestionar autorizaciones y certificaciones de forma electrónica desde cualquier dispositivo, ya sea un celular o una computadora, eliminando la necesidad de trámites presenciales y reduciendo costos y tiempos. Inicialmente, la plataforma comenzó a operar con la emisión digital del Certificado Ambiental del Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) y posteriormente se sumó el Banco Central de Bolivia (BCB) con el Certificado de Exportación de Oro (CEO).

El proceso de implementación de la VUCE será progresivo, incorporando 92 trámites digitales de 22 entidades públicas en un plazo máximo de 2 años desde su lanzamiento. Actualmente, se encuentran en proceso de integración el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Para respaldar esta iniciativa, la Aduana Nacional ha fortalecido su infraestructura tecnológica con la segunda versión del Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA), la adquisición de servidores de alto rendimiento y sistemas de almacenamiento de datos de última generación, con una inversión total de 13,2 millones de bolivianos.

Esta modernización no solo reducirá trámites, sino que también disminuirá tiempos y costos en el proceso de importación y exportación. Se estima que la VUCE logrará acortar en promedio 10 días la importación y 4 días la exportación, lo que se traduce en un avance estratégico para el crecimiento económico del país.

Con la implementación de la VUCE, Bolivia se posiciona como uno de los países más avanzados en la región en términos de digitalización del comercio exterior, superando a naciones como Guatemala y Haití que aún no disponen de plataformas similares. Se proyecta que a corto plazo, el 75 % de las declaraciones de importación y el 80 % de las exportaciones iniciarán su trámite a través de esta ventanilla única, lo que representa un hito significativo para el sector comercial boliviano.
La implementación de la VUCE en Bolivia representa un avance estratégico que beneficiará a los operadores de comercio exterior al reducir tiempos, costos y trámites, impulsando el crecimiento económico del país.

El llamado a la solidaridad y la fe ante la crisis económica en Bolivia.
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, ha levantado su voz de alarma ante el creciente costo de los productos básicos en medio de una crisis económica que afecta a la población boliviana. En su mensaje dominical, hizo un llamado a la solidaridad y a mantener la fe como pilares fundamentales para superar los desafíos actuales.
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, ha manifestado su profunda preocupación por la difícil situación que enfrenta la población ante el constante aumento de precios de los productos de primera necesidad. Durante su homilía dominical, el prelado lamentó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para abordar la crisis económica que está generando tensiones e incertidumbre en la ciudadanía.

En un emotivo discurso, Leigue señaló que el encarecimiento generalizado de los productos ha llevado a que incluso la compra diaria de alimentos se convierta en un desafío para muchas familias. Asimismo, expresó la angustia de la población al no encontrar respuestas claras sobre a quién recurrir en medio de esta situación adversa.

El arzobispo hizo un llamado a mantener la fe y la confianza en Dios como una forma de encontrar consuelo y fortaleza en medio de la crisis. Destacó la importancia de la solidaridad y el amor al prójimo como valores fundamentales para superar los momentos difíciles que atraviesa la sociedad boliviana.

En este sentido, Leigue recordó que, según la doctrina católica, todos los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios y es deber de cada individuo buscar el bien común y el respeto mutuo en medio de las adversidades. Asimismo, enfatizó que las dificultades económicas no son un designio divino, sino consecuencia de decisiones y acciones humanas que requieren ser abordadas desde la responsabilidad y el compromiso social.

El arzobispo instó a la población a mantener la esperanza y a elevar sus oraciones para que las autoridades sean iluminadas y encuentren soluciones efectivas para atender las necesidades del pueblo. Concluyó su mensaje con un llamado a la unidad y la solidaridad, recordando que juntos es posible superar los desafíos que se presentan en el camino, siempre guiados por la fe y la confianza en un futuro mejor.
El arzobispo Leigue insta a la población a mantener la esperanza y la unidad, recordando la importancia de la solidaridad y el amor al prójimo en tiempos de dificultad.

El MNR podría perder su personería jurídica tras solicitar licencia para no participar en elecciones.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se encuentra en riesgo de perder su estatus legal en Bolivia luego de solicitar una licencia para no participar en las elecciones próximas. Con una historia política destacada en el país, la decisión del MNR de no presentarse a las urnas podría tener consecuencias significativas para su futuro.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se encuentra en una situación crítica, ya que podría perder su personería jurídica luego de solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una licencia para no participar en las elecciones previstas para el 17 de agosto. Este partido, fundado en 1942 por un grupo de jóvenes intelectuales, ha tenido un papel fundamental en la historia política de Bolivia, gobernando el país en diferentes periodos bajo presidentes como Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada.

En la actualidad, el alcalde de Tarija, Jhonny Torres Terzo, lidera el MNR junto a otros dirigentes reconocidos por el TSE. La solicitud de licencia presentada el 30 de abril generó incertidumbre sobre la obligación del partido de participar en los comicios, en base a disposiciones de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

El Comité Político Nacional y el Comando Nacional del MNR decidieron, en una asamblea, solicitar la licencia para no participar en las elecciones, argumentando la necesidad de apoyar la unidad de la oposición para enfrentar la crisis actual en Bolivia. Aunque se esperaba una respuesta del TSE para el 5 de mayo, no se ha recibido un comunicado oficial al respecto. El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe aclaró que el TSE no otorga licencias a los partidos y que las consultas deben regirse por la ley electoral.

El MNR tuvo una participación marginal en los comicios de 2019, obteniendo solo el 0,69% de los votos emitidos. La ley establece que una de las causales para la pérdida de la personería jurídica es no alcanzar al menos el 3% de los votos válidos en la elección anterior. Sin embargo, cabe destacar que los comicios de 2019 fueron anulados, lo que complica la situación del partido en términos de cumplimiento de esta normativa.

A pesar de su baja representación en elecciones anteriores, el MNR participó en alianzas en las elecciones subnacionales de 2021, como en el caso de Tarija, donde se unió a partidos como Unidad Nacional y UNIR. La decisión de solicitar la licencia para no participar en los próximos comicios podría tener un impacto significativo en el futuro del partido, que se encuentra en un momento crucial para definir su rol en el escenario político boliviano.
La solicitud de licencia del MNR para no participar en las elecciones plantea un desafío crucial para el partido, que se encuentra en un momento decisivo para definir su papel en la política boliviana. La incertidumbre sobre su personería jurídica y su baja representación en elecciones anteriores complican aún más su situación.

La decisión de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz podría tener implicaciones en las elecciones próximas.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral emitir una nueva resolución con respecto a la cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL). Esta decisión surge como respuesta al amparo presentado por la directiva de PAN-BOL contra la resolución previa del TSE que revocó la personería jurídica del partido debido a no alcanzar el mínimo del 3% de votos en las elecciones de 2020.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral emitir una nueva resolución con respecto a la cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL). Esta decisión surge como respuesta al amparo presentado por la directiva de PAN-BOL contra la resolución previa del TSE que revocó la personería jurídica del partido debido a no alcanzar el mínimo del 3% de votos en las elecciones de 2020. En este contexto, la vicepresidenta de PAN-BOL, Ruth Nina, ha expresado su satisfacción al señalar que la resolución anterior ha sido anulada, lo que implica que el partido recupera su personalidad jurídica y todos sus derechos políticos.

Sin embargo, a pesar de esta decisión favorable para PAN-BOL, existen cuestionamientos sobre la posibilidad de inscribir a sus candidatos, dado que el plazo establecido para ello ya ha vencido. Según las normativas del TSE, el registro de candidatos finalizó el 19 de mayo, fecha en la cual estaba habilitada una plataforma específica en el ente electoral para llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, la inscripción vía correo electrónico no se considera válida, lo que plantea un desafío en cuanto a la viabilidad de incluir a los candidatos de PAN-BOL en las elecciones.

Además, se destaca que la resolución de la Sala Constitucional Cuarta aún debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que podría implicar una ratificación o revocación de la misma. Asimismo, se hace hincapié en el principio de preclusión, el cual establece que las etapas y resultados de los procesos electorales no pueden ser revisados ni repetidos, lo que plantea un marco legal que podría limitar las posibilidades de inscripción de candidatos fuera del plazo establecido.

En este sentido, se espera que el TSE emita su informe sobre los candidatos habilitados el 30 de mayo, con la lista oficial programada para ser publicada el 6 de junio. A pesar de los desafíos y las incertidumbres en torno a la inscripción de candidatos de PAN-BOL, el proceso electoral en Bolivia continúa desarrollándose con diferentes actores políticos y jurídicos involucrados en este complejo escenario.
A pesar de la decisión favorable para PAN-BOL, existen desafíos en cuanto a la viabilidad de inscribir a sus candidatos para las próximas elecciones, lo que plantea un escenario complejo en el ámbito político y jurídico boliviano.

Roberto Ríos alerta sobre protestas que buscan interrumpir el proceso electoral en el país
El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos, ha lanzado una advertencia contundente sobre las recientes protestas que, según él, buscan socavar la democracia y el orden constitucional del país. Ríos señaló que ciertos actores políticos están utilizando movilizaciones con el objetivo de interrumpir el proceso electoral en curso y derrocar al Gobierno constitucionalmente establecido.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha emitido una denuncia contundente este lunes respecto a las recientes protestas que, según él, buscan desestabilizar el ejercicio democrático en Bolivia. Ríos señaló que ciertos actores políticos están utilizando movilizaciones con el objetivo de interrumpir el proceso electoral en curso y socavar el orden constitucional del país.

Durante una conferencia de prensa, el ministro expresó su preocupación por las convocatorias a protestas que, a su juicio, no persiguen reivindicaciones legítimas de la ciudadanía, sino que buscan directamente derrocar al Gobierno constitucionalmente establecido. En este sentido, advirtió que el Gobierno está comprometido con la defensa de la democracia, la paz social y el estado de derecho, y que responderá con firmeza a cualquier intento de sedición o sabotaje electoral.

Roberto Ríos hizo énfasis en que el proceso electoral programado para el 17 de agosto está respaldado por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, asegurando que el pueblo boliviano tiene el legítimo derecho de elegir a sus representantes soberanamente. Además, recordó las declaraciones del presidente Luis Arce, quien ha alertado sobre sectores que buscan generar un “caos organizado” con el propósito de acortar su mandato presidencial y evitar la realización de las elecciones.

En cuanto a la respuesta a estas acciones, el ministro instruyó a la Policía Boliviana a actuar con proporcionalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional. Ríos dejó en claro que cualquier intento de quebrantar el orden democrático será enfrentado con consecuencias jurídicas, subrayando que el Estado cuenta con los mecanismos legales y constitucionales necesarios para hacer frente a tales amenazas.

En conclusión, el Gobierno nacional ha reafirmado su compromiso con la democracia y la celebración de las elecciones en la fecha establecida, haciendo hincapié en que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son fundamentales, pero que no se permitirá que se utilicen como excusa para atentar contra la estabilidad del país. Con un llamado a la responsabilidad y al respeto por las instituciones, se espera que se garantice un proceso electoral transparente y sin interferencias.
El Gobierno boliviano reafirma su compromiso con la democracia y la celebración de las elecciones en la fecha establecida, haciendo un llamado a la responsabilidad y al respeto por las instituciones para garantizar un proceso electoral transparente y sin interferencias.

El Concurso Plurinacional “Tesis del Bicentenario 2025” busca destacar la excelencia académica de los jóvenes bolivianos en diversas áreas de estudio.
El Ministerio de Educación de Bolivia ha anunciado el lanzamiento del Concurso Plurinacional “Tesis del Bicentenario 2025”, una iniciativa que busca premiar y publicar las mejores tesis de los egresados del país en áreas como Salud, Economía, Ciencias Puras y Ciencias Jurídicas.
El Ministerio de Educación de Bolivia, a través del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional, ha lanzado el Concurso Plurinacional “Tesis del Bicentenario 2025” con el objetivo de premiar y publicar las mejores tesis de los egresados del país. Esta iniciativa busca reconocer el trabajo y la excelencia académica de los jóvenes que han culminado su formación en áreas como Salud, Economía, Ciencias Puras y Ciencias Jurídicas en diversas universidades bolivianas.

La convocatoria, que abarca tanto instituciones públicas como privadas, incluye a la Universidad Pedagógica y las Universidades Indígena Boliviana, entre otras. Los participantes competirán en cuatro categorías del concurso, con la oportunidad de ganar un premio de Bs 15.000 además de ver su tesis publicada.

Es importante destacar que las tesis presentadas deben adscribirse temáticamente a los ejes estratégicos del plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 de Bolivia, que se enfoca en la reconstrucción de la economía hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Las categorías en las que se pueden inscribir los trabajos incluyen disciplinas como Ciencias Económicas, Administrativas, Ciencias de Salud, Ciencias Jurídicas, entre otras.

Los egresados que hayan defendido y aprobado su tesis de licenciatura entre el 1 de enero de 2023 y el 21 de marzo de 2025 pueden participar en el concurso. Además, las tesis pueden estar redactadas en cualquiera de las lenguas oficiales de Bolivia.

El proceso de selección incluye la presentación de postulaciones hasta el 30 de junio, seguido por la revisión de requisitos y evaluación de formularios a partir del 1 de julio. La evaluación y selección de las tesis ganadoras se llevará a cabo a partir del 7 de julio, con la presentación de los ganadores programada para el 25 de julio.

El viceministro de Educación Superior, José Antonio Apala, ha destacado la importancia de esta oportunidad para los jóvenes, ya que les permitirá visibilizar sus trabajos de investigación a nivel nacional, con el respaldo del Ministerio de Educación en la publicación de sus tesis.
Esta oportunidad brinda a los jóvenes egresados la posibilidad de destacar su trabajo de investigación a nivel nacional, con el respaldo del Ministerio de Educación, fomentando la excelencia académica en el país.

El mayor Javier Jesús Soliz enfrenta detención preventiva por vínculos con narcotraficante brasileño.
El exjefe de inteligencia de la Felcv de Santa Cruz, mayor Javier Jesús Soliz, se encuentra en detención preventiva tras ser vinculado a un importante narcotraficante brasileño. Este escándalo ha generado conmoción en la opinión pública boliviana.
El exjefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, mayor Javier Jesús Soliz, enfrenta un periodo de detención preventiva de 90 días tras ser vinculado a Marco Roberto de Almeida, alias “Tuta”, miembro del Primer Comando Capital (PCC) y uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil. La audiencia cautelar reveló que existen suficientes elementos de convicción que lo incriminan en delitos como uso indebido de influencias y de bienes del Estado.

El fiscal Alexander Mendoza detalló que el mayor Soliz acompañó a “Tuta” hasta las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en Santa Cruz para tramitar la renovación de un documento de identidad falso, lo que desencadenó su arresto. Las autoridades continúan la búsqueda del tramitador que habría facilitado la obtención de este documento.

El Ministerio Público presentó una apelación alegando que los 90 días de detención preventiva podrían ser insuficientes para completar todas las investigaciones necesarias y tomar declaraciones pertinentes. Mientras se resuelve esta apelación, el mayor Soliz permanecerá en el penal de Palmasola.

El desenlace de este caso tuvo lugar luego de que las autoridades revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraban al oficial junto a “Tuta” en las instalaciones del SEGIP. En su declaración, Soliz afirmó haber conocido al ciudadano brasileño en la calle y aseguró no tener conocimiento de sus antecedentes relacionados con el narcotráfico.

Este escándalo ha generado conmoción en la opinión pública, pues la presunta implicación de un exjefe de inteligencia en actividades vinculadas al crimen organizado pone de manifiesto la complejidad de las redes de corrupción y la infiltración del narcotráfico en instituciones estatales. Las autoridades han reafirmado su compromiso con la lucha contra el crimen y la corrupción, buscando desmantelar estas estructuras que socavan la seguridad y la legitimidad del Estado.
El caso de Javier Jesús Soliz pone de manifiesto la complejidad de las redes de corrupción en Bolivia y la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la infiltración del narcotráfico en instituciones estatales.