La decisión judicial podría dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos del MTS, incluido Andrónico Rodríguez.
La sala constitucional del Beni ha tomado la determinación de iniciar los trámites para la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), lo que podría tener un impacto significativo en las elecciones próximas.
La sala constitucional primera del Beni tomó la determinación de iniciar los trámites para la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), el cual postula al actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Esta decisión surge tras presentarse pruebas y diligencias que, según el abogado Diego Coimbra, demuestran incumplimientos por parte del MTS, lo que llevaría al Tribunal Supremo Electoral a emitir una resolución de cancelación de su personalidad.

El origen de este proceso legal se remonta al 17 de mayo, cuando Peter Erlwein Beckhauser interpuso una acción de cumplimiento contra el TSE exigiendo la cancelación de la personería jurídica del MTS por presuntos incumplimientos de resoluciones electorales. Dos días después, en el último día de registro de candidaturas, la sala constitucional de Beni admitió la demanda y aplicó medidas cautelares contra el MTS, mientras que el TSE aceptó parcialmente el registro de sus candidatos.

De acuerdo con Coimbra, la dirigencia paceña del MTS habría violado siete resoluciones del TSE, aunque no especificó cuáles fueron estas. Por otro lado, el MTS ha dado respaldo político a Rodríguez para su candidatura presidencial, destacando su popularidad en ciertos sectores del electorado.

La decisión judicial de cancelar la personería del MTS podría dejar a todos sus candidatos fuera de la contienda electoral, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible estrategia de postulación a través de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido liderado por el alcalde cruceño Jhonny Fernández, aunque esta información no ha sido confirmada por el jefe de la UCS.

Por otra parte, se espera conocer el desenlace de la audiencia pendiente entre Maciel Terrazas y el MTS, en la cual también se denuncian violaciones de derechos de los militantes. La resolución de estos casos podría tener un impacto significativo en el panorama electoral y en la participación de los candidatos del MTS en las próximas elecciones.
La cancelación de la personería del MTS podría reconfigurar el panorama electoral y la participación de sus candidatos en las próximas elecciones, generando especulaciones sobre posibles estrategias de postulación alternativas.

La histórica sentencia del TCP anula resoluciones del INRA y ordena la titulación de tierras comunitarias tsimanes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una decisión sin precedentes que reconoce los derechos de la comunidad tsimane del Beni sobre sus tierras ancestrales, anulando resoluciones del INRA y ordenando la titulación de sus territorios en un plazo de 48 horas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una histórica sentencia que reconoce los derechos de la comunidad tsimane del Beni sobre sus tierras ancestrales y anula 19 resoluciones administrativas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que habían asignado terrenos a grupos interculturales. Esta decisión sin precedentes ordena al INRA admitir la demanda de dotación y titulación de tierras comunitarias presentada por el Sub Consejo Tsimane del Sector Yacuma en julio de 2021 en un plazo de 48 horas.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0935/2024-S3 reconoce que los tsimanes son titulares de derechos fundamentales establecidos en la Constitución, convenios internacionales y la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad. Se anulan resoluciones administrativas que permitieron asentamientos de comunidades interculturales en territorios ancestrales tsimanes en el departamento de Beni, y se ordena la aplicación de medidas precautorias y la cesación de autorizaciones de desmonte otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

El fallo reconoce que los asentamientos interculturales vulneraron derechos fundamentales de los tsimanes, como el derecho a la libre determinación, la titulación colectiva, el territorio, la propiedad y la posesión ancestral. El INRA otorgó tierras de forma irregular, al margen del debido proceso y en contradicción con la normativa de protección a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, permitiendo avasallamientos, despojos, expulsiones y deforestación en territorios tsimanes.

Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la fundación Tierra, destaca que la sentencia enfatiza en el reconocimiento de los derechos constitucionalmente garantizados a los pueblos indígenas, y señala que el INRA no aceptó la demanda de los tsimanes argumentando limitaciones procedimentales. La sentencia también instruye una auditoría jurídica para investigar la autorización de asentamientos, chaqueos y desmontes, señalando posibles responsabilidades penales por corrupción y genocidio, dado el impacto en la supervivencia del pueblo Tsimane.
La sentencia del TCP destaca la importancia del reconocimiento de los derechos constitucionalmente garantizados a los pueblos indígenas, señalando posibles responsabilidades penales por corrupción y genocidio en la autorización de asentamientos interculturales en territorios tsimanes.

La decisión judicial genera controversia en la campaña electoral boliviana y plantea interrogantes sobre la independencia judicial en el país.
La Sala Constitucional Primera del Beni emitió un fallo que prohíbe al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de los candidatos del Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por Andrónico Rodríguez. La decisión ha generado un ambiente de tensión en el contexto político boliviano y ha levantado dudas sobre el proceso electoral y la independencia judicial en el país.
La Sala Constitucional Primera del Beni emitió un fallo en contra del Movimiento Tercer Sistema (MTS), prohibiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de los candidatos de este partido político, que forma parte de la Alianza Popular liderada por Andrónico Rodríguez. Según información proporcionada durante la audiencia, la decisión se basa en supuestos incumplimientos de resoluciones del TSE por parte del MTS.

El ciudadano Peter Erlwein Beckhauser presentó una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional, alegando que el MTS no cumplió con las resoluciones electorales emitidas por el Órgano Electoral. La resolución del tribunal beniano concedió la tutela solicitada y ordenó al TSE cancelar la personería del MTS. El abogado Diego Coímbra, representante del demandante, señaló que ahora corresponde iniciar un proceso administrativo contra el MTS para garantizar el debido proceso.

Ante esta situación, Andrónico Rodríguez, candidato presidencial de la Alianza Popular, rechazó el fallo de la Sala Constitucional, calificándolo como una interferencia política y una práctica característica del antiguo sistema político. A través de sus redes sociales, Rodríguez expresó su descontento, señalando que la decisión judicial influenciada políticamente pretende obstaculizar el avance de un proyecto político legítimo y la voluntad del pueblo.

El político advirtió sobre las consecuencias de estas acciones, mencionando que generan desorden, incertidumbre y profundizan la crisis económica y de abastecimiento que atraviesa la población. En respuesta a la situación, convocó a una reunión de emergencia con dirigentes nacionales y departamentales de los sectores sociales para tomar decisiones firmes y responsables ante lo que considera una inestabilidad institucional injustificable.

La decisión de la Sala Constitucional Primera del Beni ha generado un ambiente de tensión en el contexto político boliviano, afectando directamente la campaña electoral y la participación del MTS en las próximas elecciones generales. La situación plantea interrogantes sobre el proceso electoral y la independencia judicial en el país.
El fallo de la Sala Constitucional del Beni ha desatado una serie de reacciones en el ámbito político boliviano, con Andrónico Rodríguez rechazando la decisión y convocando a una reunión de emergencia. La situación plantea desafíos para el proceso electoral y la estabilidad institucional en Bolivia.