La Fiscalía guatemalteca solicita la extradición de la fiscal general de Colombia y el embajador colombiano en el Vaticano por presunto favorecimiento a Odebrecht.
La Fiscalía de Guatemala ha emitido órdenes de captura y solicitado la extradición de dos altos funcionarios colombianos, Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano, por acusaciones de favorecimiento ilegal a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción millonaria.
La Fiscalía de Guatemala ha emitido órdenes de captura y solicitado la extradición de dos altos funcionarios colombianos, Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano. Estas acciones se dan en el marco de acusaciones de favorecimiento ilegal a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción que se remonta a la pasada década, generando pérdidas millonarias al Estado guatemalteco.
Las acusaciones apuntan a su período trabajando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que investigó redes de corrupción en el país entre 2007 y 2019. Durante su gestión, Velásquez y Camargo lideraron investigaciones que llevaron a la prisión a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares por corrupción.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Velásquez y Camargo de haber negociado acuerdos judiciales irregulares con Odebrecht, siendo también señalada la falta de transparencia en dichos acuerdos. Se les imputan cargos como asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.
La FECI sostiene que estos acuerdos con Odebrecht habrían beneficiado injustamente a la empresa, causando un daño económico de aproximadamente US$390 millones al Estado guatemalteco. Entre las pruebas presentadas se encuentran correos electrónicos, grabaciones, testimonios y la declaración de un testigo protegido.
Además de Velásquez y Camargo, otros exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público guatemalteco están señalados en la acusación, sumando un total de 26 personas. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal autorizó la emisión de órdenes de captura internacionales, solicitando la extradición de ambos a Guatemala.
Estas órdenes de captura han generado reacciones tanto en Colombia como en Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo ha rechazado las medidas por considerarlas arbitrarias y contrarias a acuerdos internacionales. Se ha señalado que las tensiones entre la CICIG y el gobierno guatemalteco durante el mandato de Jimmy Morales podrían estar relacionadas con estas acciones judiciales.
Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ha defendido a Velásquez y Camargo, señalando que las órdenes de arresto buscan intimidar a aquellos que lucharon contra la corrupción. La situación ha generado críticas y preocupación en la comunidad internacional, que observa de cerca el rumbo del sistema judicial en Guatemala tras el cierre de la CICIG en 2019.
Las acciones de la Fiscalía de Guatemala contra los altos funcionarios colombianos por presunto favorecimiento a Odebrecht han generado tensiones diplomáticas y críticas internacionales, poniendo en entredicho la lucha contra la corrupción en la región.
