Antonio de la Fuente, investigado en el marco del caso relacionado con un presunto consorcio judicial organizado para intentar la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira, ha declarado que no se encuentra en situación de prófugo y ha negado categóricamente ser abogado. No obstante, ha manifestado su negativa a presentarse a declarar ante las autoridades, aduciendo temor a ser aprehendido y señalando que no reconoce la jurisdicción de los tribunales involucrados.
El implicado ha formulado una grave acusación contra el fiscal Johan Muñoz, a quien señala por supuestos actos de robo de documentos y objetos de valor, así como por abuso de poder, durante un registro domiciliario efectuado el pasado viernes en una de sus propiedades, ubicada en la zona de Achumani en La Paz.
En sus recientes declaraciones, De la Fuente indicó que la mejor estrategia para evitar una detención, especialmente cuando se percibe un abuso de autoridad, es buscar resguardo en dependencias militares. Afirmó que su residencia actual se encuentra en Coroico y que no ha sido debidamente notificado, argumentando que no reconoce a un juez natural de La Paz. Cuestionó la necesidad de presentarse a declarar en la capital, dada la existencia de autoridades judiciales en Coroico y, a su juicio, la falta de competencia y jurisdicción de los jueces paceños en su caso.
Adicionalmente, De la Fuente sostuvo que las figuras penales por las cuales se investiga y se ha dictado prisión preventiva a otros imputados en el caso, como el exministro de Justicia César Siles, el magistrado suplente de Coaquira Iván Campero y la exvocal Claudia Castro, no pueden ser aplicadas en su contra. Argumenta que los delitos de “consorcio de administradores de justicia” e “incumplimiento de deberes” solo son imputables a funcionarios públicos, abogados, policías o autoridades judiciales, categorías en las que él niega encajar.
Estas afirmaciones surgieron tras el operativo de allanamiento realizado el viernes por la Fiscalía. El fiscal anticorrupción Muñoz, a cargo del procedimiento, informó que el objetivo era ejecutar una orden de aprehensión contra De la Fuente. Al no hallarlo en el inmueble, descrito como “abandonado”, se procedió al secuestro de diversos documentos considerados relevantes para la investigación.
De la Fuente ha lanzado severas acusaciones contra el fiscal Muñoz y uno de los investigadores policiales, señalándolos por intimidar al cuidador de la casa (un vecino) y al jardinero. Además, los acusó de sustraer joyas, dinero en efectivo, autopartes y otros objetos de valor, estimando el perjuicio en aproximadamente 100.000 dólares.
Respecto a los documentos incautados, el investigado afirmó que corresponden a expedientes de otros procesos legales en los que resultó victorioso. Protestó enérgicamente, alegando que el fiscal no presentó ninguna orden judicial que justificara el secuestro de dichos elementos para la investigación en curso. Reiteró en varias ocasiones que no es abogado ni servidor público, desafiando a la Fiscalía de La Paz a probar lo contrario, y cuestionó el motivo de la sustracción de sus joyas, dinero y documentos de propiedad vehicular o de otros litigios.
En respuesta a estas imputaciones, el fiscal Muñoz indicó que, según testimonios de vecinos, De la Fuente habría salido del país y que el acceso al domicilio fue facilitado por el “cuidador”. El fiscal desestimó las acusaciones de De la Fuente, calificándolas como propias de individuos que han perdido la moralidad y el respeto por la justicia. Subrayó que, además de los testimonios, la Fiscalía cuenta con registros fotográficos y de video que desmienten las afirmaciones del investigado
