Un fallo judicial ha determinado una pena de 30 años de reclusión sin derecho a indulto para Moisés Marcos Parra Llanos, de 40 años, declarado culpable del feminicidio que ha generado profunda consternación en el departamento de Cochabamba este año. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Nº 1 de Quillacollo, tras un procedimiento abreviado, y deberá cumplirse en el penal de máxima seguridad de El Abra.

La víctima, Gabriela Vásquez A., de 30 años, era la expareja del condenado. Su fallecimiento ocurrió después de permanecer siete días hospitalizada en el Hospital Viedma, a causa de las graves heridas sufridas.

La investigación del caso reveló que, ante la contundencia de las pruebas, el acusado reconoció su responsabilidad en el delito y solicitó acogerse a una salida alternativa. Los elementos probatorios incluyeron testimonios de testigos, el historial clínico de la víctima y un examen forense que estableció como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna, resultado de múltiples heridas punzocortantes.

El brutal ataque tuvo lugar el 10 de junio de 2024, en el municipio de Tiquipaya. Gabriela fue emboscada en el patio del inmueble donde alquilaba habitaciones. Mientras compartía un momento con compañeros de trabajo y estudio, y al ascender a la segunda planta, fue atacada por Moisés, quien le infligió severas puñaladas en el abdomen, la espalda, los antebrazos y los glúteos. Tras la agresión, el perpetrador se encerró en un baño, intentando quitarse la vida, pero fue reducido por efectivos policiales, quienes tuvieron que emplear gases lacrimógenos para lograr su detención.

Gabriela fue trasladada de urgencia al Hospital Viedma, donde luchó por su vida en terapia intensiva durante una semana. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, sucumbió a un paro cardíaco. Su trágico deceso dejó en el desamparo a sus dos hijos, una adolescente de 14 años y un niño de 6.

La joven víctima se desempeñaba como limpiadora de casas y ayudante de cocina, y además cursaba estudios para convertirse en chef. Su padre, Clemente V., había señalado que la relación con Moisés había finalizado seis meses antes del crimen. Sin embargo, la necesidad de contar con electricidad para que sus hijos pudieran realizar sus tareas escolares la había obligado a regresar temporalmente a la misma vivienda que compartía con su agresor.

La defensa legal de la víctima fue asumida por el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres. Inicialmente, el caso fue calificado como tentativa de feminicidio desde el 14 de junio. Con el posterior fallecimiento de Gabriela, el proceso fue recalificado a feminicidio, culminando en la sentencia ejecutoriada.

Este violento suceso conmocionó profundamente a la población cochabambina. Incluso el presidente Luis Arce se pronunció públicamente, expresando su pesar por la muerte de Gabriela y demandando una sanción ejemplar para el agresor. En sus declaraciones, lamentó la trágica pérdida que deja a dos menores sin su madre y que hiere el corazón de la sociedad, enfatizando la intolerancia hacia estos crímenes y la necesidad de fortalecer la Ley 348

Las elecciones generales, programadas para el 17 de agosto, se encuentran nuevamente bajo el escrutinio judicial. Un recurso legal ha resurgido, generando inquietud sobre la regularidad del cronograma electoral establecido.

Esta iniciativa se materializa como una acción popular dirigida contra aquellos candidatos que han ocupado cargos electivos por más de dos periodos, sin distinción de si estas gestiones fueron consecutivas o intermitentes. La promotora de esta medida, Marlene Sierra, ha presentado el recurso ante el Tribunal Departamental de Beni. Su argumentación invoca la aplicación, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Sentencia Constitucional 0007/2025 y el Auto 0083/2024, normativas que restringen la reelección a un único periodo adicional para cargos de elección popular.

Desde el ámbito legislativo, se ha expresado preocupación por la posible intencionalidad de esta acción. La senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana, ha sugerido que el recurso podría buscar desarticular el proceso electoral. Ha señalado que su planificación podría haberse gestado incluso antes de la configuración definitiva de las papeletas, con el objetivo de impedir la incorporación de nuevas figuras políticas. En sintonía con esta perspectiva, el diputado Miguel Roca, también de Comunidad Ciudadana, ha calificado de antidemocrático cualquier intento de inhabilitar postulaciones en este momento crucial.

Entre los aspirantes a la presidencia que podrían verse afectados por esta medida se encuentran Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; Manfred Reyes Villa, por APB-Súmate; Eva Copa, de Morena; Jhonny Fernández, actual alcalde cruceño y candidato por Fuerza del Pueblo; y Rodrigo Paz, quien se postula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La fecha del 21 de agosto se perfila como un día decisivo, dado que a partir de las 10:00 horas se llevará a cabo la audiencia correspondiente, programada para realizarse de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Cabe recordar que el mes de mayo ya fue escenario de múltiples impugnaciones, con casi una decena de recursos presentados que cuestionaban la participación de diversas alianzas en la contienda. Agrupaciones como APB-Súmate y Morena, por ejemplo, enfrentaron observaciones relacionadas con el presunto incumplimiento del plazo mínimo de 120 días requerido para la obtención de su personalidad jurídica.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, instando a evitar especulaciones frente a la aparición de recursos judiciales y acciones populares. El presidente de esta instancia, Romer Saucedo, ha garantizado la realización de los comicios, afirmando que las elecciones se llevarán a cabo indefectiblemente, incluso si se presentaran un centenar de recursos adicionales. El titular judicial ha enfatizado la postura inquebrantable del Órgano Judicial en asegurar la celebración de los comicios que se encuentran a menos de un mes. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la institución con su independencia, rechazando categóricamente cualquier intento de instrumentalización de la justicia. Ha declarado que la entidad no dudará en mantener su autonomía y pondrá fin a quienes busquen manipular el sistema judicial

En la etapa decisiva de la contienda electoral, los debates y foros emergen como plataformas cruciales para que los aspirantes presidenciales incrementen su visibilidad y consoliden el respaldo ciudadano, a pocos días de la jornada electoral del 17 de agosto.

En este contexto, Eduardo del Castillo, quien representa al Movimiento Al Socialismo (MAS) en la carrera por la presidencia, manifestó su preocupación por la ausencia de una invitación a su partido para un próximo debate televisado. El candidato sugirió que esta omisión podría deberse a una posible reticencia por parte de la cadena televisiva, o incluso a una condición impuesta por algún otro contendiente que buscaría evitar la participación de la propuesta política que él encabeza. Del Castillo enfatizó que su plataforma se distingue significativamente de las demás opciones opositoras, y extendió una invitación abierta a los otros aspirantes para confrontar ideas en el mencionado espacio televisivo.

De igual manera, Edmand Lara, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y compañero de fórmula de Rodrigo Paz, expresó su profundo malestar. Lara demandó la implementación de condiciones equitativas para todos los participantes. Acompañado por otros militantes de su partido, quienes simbolizaron su inconformidad cubriéndose la boca, Lara describió un sentimiento de exclusión, hostigamiento y subestimación. Cuestionó la falta de invitación a su candidato principal y la aparente omisión de su fuerza política en estos encuentros.

Ante estas situaciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reiterado a los medios de comunicación y a las organizaciones responsables de estos eventos la imperativa necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y el pluralismo político en la configuración de los debates y foros

El Gobierno ha reafirmado su compromiso con el suministro de combustible para la próxima campaña de invierno, enfocándose prioritariamente en los sectores cañero y agropecuario. Para esta temporada, se estima una necesidad de 70 millones de litros de diésel, de los cuales ya se han distribuido 20 millones al sector productivo.

Se ha reconocido que la escasez de divisas representa un desafío significativo para la importación de combustibles. No obstante, se mantiene un diálogo constante con los representantes del rubro agropecuario. En este contexto, los productores cañeros han solicitado un incremento en las asignaciones de combustible, lo que ha impulsado una coordinación activa entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y su homólogo de Hidrocarburos para atender esta demanda.

Por otra parte, se han registrado algunas incidencias de fenómenos climáticos adversos en el sector agropecuario, específicamente heladas. Sin embargo, el impacto hasta el momento es marginal y no compromete en absoluto la seguridad alimentaria del país.

Las cifras disponibles indican que solo 638 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 1% de las más de 1.3 millones de hectáreas cultivables, han sido afectadas por este fenómeno meteorológico, que es característico de la estación invernal. Estas afectaciones se han reportado en 4 de los 9 departamentos del país, abarcando 9 municipios y 59 comunidades rurales