Una significativa remesa de 50.000 dosis de vacunas contra el sarampión y la rubéola ha sido confirmada como una contribución del Gobierno de Chile. Esta donación, valorada en aproximadamente 60.000 dólares, surge como resultado de las gestiones diplomáticas emprendidas en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional que atraviesa el país.

El anuncio de esta importante ayuda fue realizado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina, tras una reunión con el cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco. Las dosis están destinadas principalmente a la población infantil mayor de diez años y su distribución se llevará a cabo a través de las oficinas regionales de UNICEF, garantizando una canalización eficiente hacia quienes más las necesitan. En este encuentro, se puso de manifiesto la solidaridad del país vecino y se reconoció la labor de la administración actual en la activación oportuna de canales diplomáticos para asegurar el acceso a inmunizaciones contra enfermedades de alta contagiosidad.

El país ha reportado hasta la fecha más de 120 casos confirmados de sarampión, con una concentración superior al centenar en el departamento de Santa Cruz, lo que subraya la urgencia de estas acciones. Ante este panorama epidemiológico, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha redoblado sus esfuerzos en la coordinación bilateral con naciones hermanas y organismos internacionales, buscando la adquisición de más dosis para completar los esquemas de vacunación de la población. Previamente, Brasil había aportado 600.000 dosis y Venezuela otras 100.000, demostrando la cooperación regional frente a la crisis sanitaria.

Se prevé que el cargamento chileno arribe en un lapso de dos semanas. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos conjuntos entre Estados para contener los brotes epidémicos, salvaguardar la salud de la población infantil y avanzar hacia un control efectivo del sarampión y la rubéola en el territorio nacional

La selección boliviana de fútbol se encuentra en el centro de una significativa controversia por dopaje que amenaza con alterar su trayectoria en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de 2026. La situación ha puesto bajo el escrutinio internacional tanto a la Federación Boliviana de Fútbol como al propio combinado nacional.

Dos de sus mediocampistas clave, Ramiro Vaca y Boris Céspedes, arrojaron resultados positivos en controles antidopaje. El caso de Céspedes se reveló tras el encuentro de Bolivia contra Uruguay el 25 de marzo de 2025. El jugador, que milita en el Yverdon-Sport FC de Suiza, fue suspendido provisionalmente al detectarse acetazolamida en su organismo, una sustancia prohibida por su capacidad para enmascarar otros compuestos. Céspedes ha manifestado que la sustancia le fue administrada como parte de un tratamiento para los síntomas del mal de altura, una condición frecuente en partidos disputados en localidades de gran altitud como El Alto y La Paz, sedes habituales de la selección boliviana. No obstante, la acetazolamida está incluida en la lista de sustancias vetadas por el Código Mundial Antidopaje (WADA), y su uso sin una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) conlleva sanciones severas, pudiendo enfrentar una inhabilitación de hasta dos años.

Por su parte, Ramiro Vaca también dio positivo, aunque por una sustancia distinta, ostarine, un agente conocido por promover el aumento de masa muscular. Esta detección se produjo tras un partido de Copa Libertadores. Vaca permanece suspendido de manera provisional mientras se profundiza la investigación.

Estas revelaciones salieron a la luz pública poco antes de una crucial doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2025, en la que Bolivia debe medirse a Colombia y Venezuela. La situación ha generado inquietud entre las demás selecciones, particularmente por las posibles sanciones que la FIFA y la CONMEBOL podrían imponer al equipo boliviano. De confirmarse las irregularidades, Bolivia podría perder hasta siete puntos obtenidos en partidos donde los jugadores implicados habrían participado, específicamente en encuentros disputados en La Paz contra Colombia, Chile y Uruguay. Una eventual deducción de puntos alteraría drásticamente la tabla de posiciones, relegando a Bolivia al último puesto y, consecuentemente, beneficiando a otras selecciones como Venezuela en su aspiración de clasificar al Mundial. Además, la ausencia de Vaca y Céspedes sería un golpe significativo para los próximos compromisos, incluyendo el crucial enfrentamiento contra Brasil.

Hasta el momento, no se han aplicado sanciones deportivas definitivas, ya que el proceso de investigación sigue en curso y se aguarda una resolución formal por parte de la FIFA. Sin embargo, la normativa antidopaje estipula que la pérdida de puntos se aplicaría si el número de jugadores implicados es suficiente para influir en los resultados de los partidos disputados, una situación que parece plausible en este caso.

En la actual tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina lidera con 35 puntos y ya está clasificada, al igual que Ecuador y Brasil, ambos con 25 puntos. Les siguen Uruguay y Paraguay con 24 puntos cada uno, y Colombia con 22. Venezuela se ubica con 18 puntos, mientras que Bolivia ostenta 17. Perú, con 12 puntos, y Chile, con 10, ya han sido eliminados.

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, ha abordado públicamente la delicada situación que atraviesa el equipo. Villegas ha defendido la influencia de la altitud en el desarrollo del juego de Bolivia y ha enfatizado que, a pesar de las controversias, su equipo mantiene una propuesta de juego definida y una clara visión estratégica

La ciudad de Santa Cruz se prepara para acoger un evento deportivo de gran trascendencia internacional: la Final Única de la Copa Sudamericana 2025, cuya celebración está fijada para el 22 de noviembre en el Estadio Tahuichi. Ante la magnitud de este compromiso organizativo, el presidente del Comité Organizador Local ha emitido un urgente llamado a la colaboración interinstitucional.

Carlos Fernando Dabdoub Roda, quien lidera la comisión encargada de los preparativos, ha instado a los tres niveles de gobierno –nacional, departamental y municipal– a unir esfuerzos de manera decisiva para la adecuación y modernización del recinto deportivo. Dabdoub Roda ha manifestado que albergar el encuentro cumbre del torneo continental representa una aspiración de gran calado, considerándolo una coyuntura histórica para la región y para Bolivia en su conjunto, una oportunidad que aún es posible materializar con un compromiso colectivo.

A pesar de encontrarse temporalmente fuera del país por motivos de salud familiar, el directivo ha enfatizado su dedicación ininterrumpida al proyecto. Ha asegurado que, desde la distancia, mantiene una labor constante y comprometida para garantizar que la capital cruceña sea la sede idónea para este magno evento.

Este pronunciamiento adquiere particular relevancia en un momento en que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha expresado inquietud por el ritmo de las obras en el Tahuichi. La entidad rectora del fútbol sudamericano ha establecido el 31 de julio como fecha límite para observar un progreso sustancial, advirtiendo sobre la posibilidad de reevaluar la designación de la sede si no se cumplen los avances requeridos

La Región Autónoma del Gran Chaco, a pocas semanas de conmemorar un nuevo aniversario, enfrenta un panorama de desarrollo estancado, a pesar de haber sido beneficiaria de cuantiosos recursos económicos durante el auge de la producción de hidrocarburos. La percepción general es que las deficiencias en la gestión pública y la prevalencia de prácticas corruptas han impedido el progreso de la zona.

Durante un periodo significativo, una facción política específica gozó de un apoyo mayoritario en la población chaqueña, y los ejecutivos bajo su égida administraron un considerable 45 por ciento de las regalías departamentales. Sin embargo, este control financiero se tradujo, según observaciones, en un uso ineficiente y desmedido de los fondos disponibles.

Entre las obras emblemáticas que reflejan esta situación, se encuentra un estadio con una inversión superior a los 20 millones de dólares que permanece subutilizado y en estado de abandono. Asimismo, existen diversas infraestructuras que, una vez iniciadas, no fueron concluidas o, en su defecto, no operan como estaba previsto. Un ejemplo notorio es el hospital de tercer nivel, para el cual se comprometieron alrededor de 160 millones de bolivianos destinados a su equipamiento hace más de tres años; no obstante, esta inversión no se ha materializado, y el nosocomio no funciona con la capacidad esperada. A esto se suman proyectos de infraestructura vial como la doble vía y el túnel del Aguaragüe, que igualmente permanecen inconclusos.

La autonomía regional, concebida como un motor para el desarrollo, ha sido señalada por su ineficacia, sirviendo más bien como un mecanismo para el despilfarro de los recursos por parte de las autoridades ejecutivas, tanto a nivel regional como seccional.

Actualmente, la región se ve afectada por una crisis económica. Se observa que los programas sociales operan sin una proyección clara, como es el caso de la canasta para adultos mayores, donde se han reportado adquisiciones con sobreprecio. La riqueza generada por los ingresos del gas no se ha traducido en un avance tangible para el Chaco.

Respecto a la inversión en el sector rural, aproximadamente el 40 por ciento de los recursos de los gobiernos autónomos regional y municipal se destinaron a impulsar el desarrollo agropecuario. No obstante, estas iniciativas no rindieron los frutos esperados, y la producción no ha superado los niveles previos a dichas inversiones. Esta falta de progreso se refleja también en la demografía; la población, en lugar de crecer, ha disminuido, pasando de más de 100 mil habitantes en un censo anterior a menos de esa cifra en el más reciente.

Hace tres décadas, se vislumbraba un futuro promisorio para Yacuiba, impulsado por su potencial económico en el ámbito agropecuario, comercial y su estratégica ubicación fronteriza. Sin embargo, la región se vio afectada por la corrupción y una gestión deficiente de los recursos, lo que ha derivado en un deterioro generalizado en áreas fundamentales como la salud, la educación y la agricultura, a lo que se suma un desorden urbano palpable.

Esta situación se atribuye a la ausencia de autoridades con la capacidad de administrar los fondos económicos en beneficio de la región. Paradójicamente, mientras las necesidades básicas permanecían desatendidas, se destinaban recursos para organizar conciertos masivos y eventos con artistas internacionales en celebraciones locales. El malgasto de esos recursos en tiempos de bonanza ha dejado a la región en una situación de estrechez económica.

Aún persiste la carencia de una carretera estable y en óptimas condiciones que conecte el Chaco con Tarija. La falta de medidas concretas por parte de las autoridades para enfrentar la crisis económica es evidente, y en su lugar, se perciben disputas internas que obstaculizan la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, el alcalde de Yacuiba ha responsabilizado al ejecutivo regional por los problemas en el sistema de salud, alegando el incumplimiento en la transferencia del 10 por ciento de las regalías destinadas a salud, educación y desarrollo agropecuario.

En el ámbito industrial, el Chaco carece de un desarrollo significativo. Se han presentado cinco proyectos para la creación de un parque industrial, pero ninguno ha sido aprobado por las administraciones municipales recientes. Esto representa una oportunidad perdida para aprovechar la ubicación fronteriza y establecer un sistema industrial que, incluso, podría integrar a la vecina Argentina.

En los últimos veinte años, la región ha dilapidado ingresos cuantiosos. Hubo un periodo en el que la administración municipal disponía de hasta 2 millones de bolivianos diarios, una cifra que ilustra la magnitud de los fondos que, lamentablemente, no se tradujeron en un desarrollo sostenible para el Gran Chaco

La ciudad de Montero fue escenario de altercados en sus calles la noche del miércoles, tras la conclusión del encuentro futbolístico donde Guabirá cayó por 1-2 ante Oriente Petrolero. Un grupo de simpatizantes del equipo local protagonizó confrontaciones con efectivos policiales, quienes desplegaron un operativo de contención para restablecer el orden público.

El incidente se desencadenó cuando un individuo, portando la camiseta del equipo Albiverde, transitó por una vía donde se encontraban numerosos aficionados del conjunto azucarero. La presencia del seguidor visitante fue interpretada como una provocación por parte de los exaltados fanáticos del equipo Rojo.

Esta situación escaló rápidamente, derivando en un enfrentamiento directo entre los seguidores de Guabirá y los oficiales de policía. Como consecuencia de los disturbios, una persona resultó con lesiones y fue trasladada en una camioneta policial a un centro de salud para recibir atención médica.

Las autoridades policiales de Montero han indicado que se espera la divulgación de un informe oficial detallado sobre los sucesos ocurridos tras el partido de fútbol durante la jornada del jueves

Las autoridades francesas han iniciado dos investigaciones paralelas en torno a transacciones financieras vinculadas al futbolista Kylian Mbappé. Una de las pesquisas, a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), se centra en pagos realizados por el deportista mediante cheques desde una cuenta bancaria a su nombre en Mónaco.

De forma independiente, la Fiscalía de París ha abierto su propia investigación para determinar si se pudieron cometer delitos de trabajo no declarado y blanqueo de capitales derivados de fraude fiscal.

Los pagos bajo escrutinio ascienden a 30.000 euros para cada uno de cuatro agentes de una unidad especial, mientras que su superior directo recibió una suma de 60.300 euros.

Allegados al capitán de la selección francesa han indicado que los fondos entregados a estos agentes provienen de una parte de la prima que Mbappé recibió por el subcampeonato en la Copa del Mundo de Catar 2022. Según estas fuentes, la donación se realizó en un espíritu de equidad y reconocimiento por la labor desempeñada, sin esperar ninguna contrapartida, argumentando que, a diferencia de otros miembros del personal, estos oficiales no habían percibido su compensación por el torneo.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) otorgó a Mbappé 500.000 euros como bonificación por alcanzar la final del Mundial. El deportista había manifestado su intención de destinar la totalidad de esta cantidad a diversas organizaciones cívicas, así como a los miembros del equipo policial encargado de la protección de los jugadores.

Se ha informado que el futbolista consultó a su asesor fiscal, quien le habría indicado que este tipo de donaciones no requerían declaración ante las autoridades tributarias.

No obstante, la investigación ha revelado que el comandante del grupo policial, quien recibió la suma mayor, acompañó al futbolista en varios desplazamientos personales. Esta circunstancia ha llevado a indagar si el oficial pudo haber prestado servicios de seguridad privada remunerados de forma no declarada, lo que podría constituir un empleo encubierto

Las preparaciones electorales en el departamento de Tarija avanzan con la disposición de 1.814 mesas de votación distribuidas a lo largo de su geografía. Para asegurar la adecuada conformación de estas instancias cívicas, el Tribunal Electoral Departamental ha llevado a cabo un sorteo mediante el cual se seleccionó a 10.888 ciudadanos para ejercer el rol de jurados electorales.

Aquellos individuos que hayan sido designados y que, por razones justificadas, no puedan cumplir con esta función, dispondrán de un periodo específico para presentar sus solicitudes de exención. Este plazo se extiende desde el 21 hasta el 27 de julio, y es indispensable que cada petición vaya acompañada de la documentación de respaldo correspondiente.

Las causales válidas para la exención del servicio como jurado electoral han sido ampliadas, sumando ahora un total de nueve categorías distintas. Entre estas se incluyen condiciones de salud que impidan la participación, las cuales deben ser debidamente acreditadas con un certificado médico. De manera similar, el estado de gravidez es un motivo aceptado, siempre que se presente la certificación médica pertinente. También se contempla la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. La condición de dirigente de una organización política o la calidad de candidato en los comicios son igualmente razones válidas para la exención. Asimismo, se exime a quienes, en la jornada electoral, desempeñen servicios públicos o privados de carácter indispensable, tales como el personal de bomberos, profesionales de los medios de comunicación o miembros de la fuerza policial. Las personas que superen los 60 años de edad también están consideradas para la exención. Finalmente, se incluyen aquellos que tengan bajo su cuidado a personas con enfermedades incapacitantes, clasificadas como moderadas, graves o muy graves, así como quienes sean responsables de la atención de un menor lactante de hasta dos años de edad.

Para formalizar la solicitud de exención, los ciudadanos seleccionados deben acudir personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental y completar el trámite requerido.

Cabe señalar que, aunque se designan seis jurados por cada mesa de votación, la operatividad de la misma puede garantizarse con la presencia de al menos tres de ellos. En el caso de que no se alcance el número mínimo necesario de jurados, los notarios públicos están facultados para invitar a los votantes presentes en la fila a unirse como miembros de mesa, asegurando así la continuidad del proceso de sufragio

Mientras la fase aguda de la pandemia de COVID-19 ha disminuido considerablemente, un cambio atribuido a la vacunación masiva, la inmunidad colectiva y una menor virulencia del patógeno, el virus SARS-CoV-2 continúa su proceso evolutivo. Una nueva subvariante de Ómicron, actualmente bajo estrecha observación por parte de las autoridades sanitarias globales, está mostrando una circulación creciente y ha sido detectada recientemente en una nación vecina a Argentina.

El Instituto Oswaldo Cruz de Brasil ha confirmado la identificación de esta novedosa cepa del SARS-CoV-2, denominada XFG, también conocida como Stratus. Este nombre coloquial, Frankenstein, alude a su naturaleza recombinante, resultado de la combinación de dos mutaciones genéticas previas. Su presencia ya ha sido verificada en varios estados brasileños, incluyendo Río de Janeiro, San Pablo, Ceará y Santa Catarina.

A nivel global, esta subvariante está experimentando un notable incremento en su prevalencia. En Argentina, su estatus actual no ha sido confirmado, una situación que se ve dificultada por el limitado nivel de secuenciación genómica del virus. La información detallada sobre la secuenciación no ha estado disponible públicamente en el Boletín Epidemiológico Nacional desde la semana 21, lo que representa un lapso de casi dos meses.

Paralelamente, España ha registrado un significativo repunte de casos de COVID-19 en plena temporada estival. Las tasas de contagio se han más que triplicado en las últimas semanas. Los expertos atribuyen este incremento a una combinación de factores, entre los que destaca la rápida expansión de la variante Stratus.

El término Frankenstein se ha empleado previamente para describir fenómenos virales similares, enfatizando su carácter recombinante. Este proceso ocurre cuando un individuo se infecta simultáneamente con dos subvariantes distintas del COVID-19, como fue el caso de LF.7 y LP.8.1.2, dando origen a una nueva línea genética como Stratus.

Clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una variante bajo vigilancia, esta cepa desciende de la familia Ómicron. Aunque presenta una ventaja de crecimiento considerable frente a otros linajes virales circulantes, aún no se ha determinado con certeza si sus efectos son más graves o si implicará un aumento en los casos de preocupación clínica

Ante la creciente inquietud generada por la escasez de combustibles en diversas regiones del país, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha reforzado significativamente sus mecanismos de fiscalización. Estas acciones han llevado a la inhabilitación de más de sesenta placas vehiculares únicamente en el departamento de Tarija, como parte de una iniciativa que ya afecta a más de cuatro mil vehículos a nivel nacional.

La entidad reguladora ha manifestado que estas medidas buscan contrarrestar la especulación y el desvío de carburantes. En el caso particular de Tarija, los vehículos afectados fueron identificados por haber cargado volúmenes de gasolina superiores a los cien bolivianos durante dos días consecutivos, sin que se presentara una justificación válida para dichas recargas.

Representantes de la ANH han explicado que el bloqueo de estas placas es una consecuencia directa de un control riguroso y constante, diseñado para asegurar la transparencia en la distribución de combustibles y prevenir operaciones ilícitas. La inhabilitación implica que los automotores sancionados no podrán acceder a servicios de abastecimiento en ningún surtidor del territorio nacional.

La Agencia ha reafirmado su compromiso de mantener e intensificar los operativos de supervisión en todas las estaciones de servicio. El propósito central es garantizar un suministro equitativo y, crucialmente, erradicar la venta ilegal que contribuye a la agudización de la escasez, impactando negativamente a consumidores y sectores productivos.

Esta serie de acciones por parte de la ANH se desarrolla en un escenario marcado por las persistentes filas en los puntos de venta de combustible y las quejas de los transportistas. Estos últimos han señalado una presunta falta de previsión y gestión gubernamental frente a la disminución en la producción de hidrocarburos. La medida de bloqueo de placas, aunque genera debate entre algunos usuarios, se postula como un precedente para regular el acceso al combustible en un momento crítico para la economía nacional.

La problemática de la disponibilidad de combustibles ha repercutido considerablemente en la dinámica económica de Tarija y en la vida cotidiana de sus habitantes. Sectores vitales como el transporte público, la actividad agrícola y el comercio se ven directamente afectados por la irregularidad en el suministro, lo que ha provocado incrementos en los precios de bienes y servicios esenciales. La ANH se encuentra bajo la presión de estabilizar el abastecimiento y mitigar las repercusiones económicas y sociales de esta coyuntura.

Si bien la ANH defiende la necesidad de estas disposiciones para combatir el contrabando y el agio, la implementación de controles tan estrictos ha suscitado un debate público. Usuarios y transportistas han expresado inquietudes sobre la transparencia en los criterios de bloqueo y han enfatizado la urgencia de soluciones estructurales a la escasez, más allá de las sanciones punitivas

El estadio de Real Santa Cruz se ha convertido rápidamente en el centro de una disputa entre clubes que buscan establecerlo como su nueva sede para partidos de local. Previamente, Blooming había realizado una inspección de las instalaciones, manifestando su interés en trasladar su base operativa a dicho recinto. Sin embargo, las recientes gestiones de Oriente Petrolero sugieren un avance significativo en sus propias negociaciones.

Tras su reciente triunfo en la Copa Bolivia, un directivo de Oriente Petrolero, Gustavo Gutiérrez, informó sobre un entendimiento preliminar con la directiva de Real Santa Cruz. Este acuerdo permitiría a Oriente utilizar el estadio, y se busca formalizarlo mediante un contrato que garantice la exclusividad de uso.

Según lo expresado por Gutiérrez, ya se habría concretado un encuentro con el presidente de Real Santa Cruz, resultando en un consenso para el uso del campo. La intención es iniciar de inmediato los trabajos necesarios para acondicionar el estadio, con el objetivo de que esté disponible para el próximo encuentro de Oriente Petrolero. Además, se anticipa una próxima reunión para formalizar un convenio que estipule la exclusividad del recinto para el club albiverde. La dirigencia de Real Santa Cruz habría manifestado su conformidad con esta condición, abriendo la puerta a que Oriente Petrolero gestione el estadio de manera prioritaria, con miras a fortalecer su desempeño deportivo.

A la espera de la ratificación formal de este pacto y la definición de la fecha para el debut de Oriente Petrolero en el mencionado escenario, la pugna por la utilización del estadio de Real Santa Cruz añade un nuevo matiz, especialmente considerando el previo interés manifestado por Blooming en el mismo complejo deportivo