En medio de la efervescencia preelectoral que precede a los comicios generales del 17 de agosto, el pronunciamiento de apoyo del empresario boliviano Marcelo Claure a la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina ha provocado una cascada de reacciones, réplicas y una intensificación del debate en torno a la inversión privada, la seguridad jurídica y el destino del litio en Bolivia.
El aspirante a la presidencia ha desvelado que, en un diálogo reciente, el prominente empresario manifestó su disposición a canalizar una inversión que podría ascender a los 10.000 millones de dólares en el país, provenientes tanto de sus propios fondos como de su red empresarial, siempre y cuando se establezcan las garantías jurídicas necesarias. El candidato ha subrayado la imperiosa necesidad de atraer capital externo, señalando que la inversión extranjera directa en Bolivia durante el año anterior apenas superó los 300 millones de dólares, una cifra que considera insuficiente para el desarrollo nacional.
Por su parte, el empresario ha reafirmado su compromiso, explicando que su respaldo al candidato se basa en un análisis técnico y político, fundamentado en diversas encuestas que posicionan a Doria Medina como el contendiente más competitivo de la oposición. Ha enfatizado que carece de cualquier aspiración política y que su único interés radica en abrir Bolivia al panorama global y contribuir con inversiones. De manera explícita, ha declarado no tener interés en el litio, no haber solicitado su explotación ni poseer negocios relacionados con este recurso en territorio boliviano.
No obstante, estas aclaraciones no han logrado disipar las suspicacias surgidas tras conocerse un encuentro entre Doria Medina y el empresario argentino Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de Pan American Energy (PAE), una compañía con operaciones en el sector de hidrocarburos en Bolivia. El candidato ha desestimado las especulaciones, calificando la reunión como un almuerzo público al que asistieron varios empresarios cruceños y la autoridad departamental de Santa Cruz, negando que se tratara de una negociación o de un compromiso sobre el litio.
En contraste, un exdirigente de El Alto, Roberto de la Cruz, ha denunciado la existencia de un supuesto pacto secreto entre Doria Medina, Claure y Bulgheroni, con el objetivo de entregar el litio boliviano a empresas transnacionales a cambio de apoyo político. De la Cruz ha recordado que el Estado boliviano desembolsó 357 millones de dólares al Grupo Bulgheroni en 2014 como compensación por la nacionalización de su participación en la petrolera Chaco, y ha advertido sobre la posibilidad de que un escenario similar se repita con el litio. En un tono crítico, ha convocado a la movilización ciudadana en defensa de los recursos naturales.
Desde el entorno del empresario, las acusaciones han sido tachadas de absurdas. El magnate boliviano ha negado cualquier nexo con proyectos extractivos en Bolivia, a pesar de su participación minoritaria en algunas firmas energéticas de la región. Ha insistido en que su atención se centra en la inteligencia artificial, la educación y las telecomunicaciones, y que su principal anhelo es que Bolivia cuente con un gobierno estable que propicie un clima favorable para la inversión, similar a como lo hace en otras naciones de la región como Brasil, Colombia o México.
El trasfondo político de Claure es innegable. Ha participado activamente en el debate electoral boliviano, impulsando iniciativas de control ciudadano del voto y liderando una mesa técnica en una prestigiosa universidad estadounidense para desarrollar un plan de reactivación económica para Bolivia, en colaboración con el economista Jaime Dunn. Este plan, según ha explicado, está a disposición de cualquier candidato que resulte ganador, incluyendo a la fuerza oficialista.
Paralelamente, la cuestión de la inversión extranjera ha cobrado relevancia en la discusión pública. Datos económicos recientes sitúan a Bolivia entre las naciones con menor atracción de capital foráneo en la región, captando apenas una fracción mínima de la inversión directa en América Latina. Tanto Doria Medina como Claure concuerdan en que revertir esta tendencia es fundamental para superar la actual crisis económica, generar empleo y restaurar la confianza internacional.
Sin embargo, las alarmas sobre una posible privatización encubierta del litio u otros recursos estratégicos persisten. Para ciertos segmentos sociales, la intervención de actores privados de alto perfil genera desconfianza, especialmente cuando existe un historial de disputas legales con empresas como PAE. Para otros, como el propio Doria Medina, Bolivia debe adoptar un enfoque más pragmatista: No podemos permanecer aislados del mundo. La inversión no es perjudicial; lo perjudicial es cuando se gestiona sin la debida transparencia.
La controversia, lejos de disiparse, se consolida como uno de los ejes centrales de la fase final de la campaña electoral. En juego no solo están los votos, sino también la definición del modelo de desarrollo que prevalecerá en Bolivia en los años venideros: uno con mayor intervención estatal o uno más abierto al capital privado
